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Devolver lo saqueado, no disculpas del gobernador exigen jubilados

Orizaba, Ver.- Más que una disculpa pública, lo que el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) necesita es que le regresen los recursos de que fue despojado en las administraciones estatales de Miguel Alemán, Fidel Herrera y Javier Duarte, expuso el presidente de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados de la zona Orizaba-Córdoba, Jesús Arenzano Mendoza.

En rueda de prensa, el maestro jubilado, señaló que las recomendaciones emitidas por organismos protectores de los derechos humanos sobre los hechos registrados en diciembre de 2015 y que acatará en noviembre próximo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, no son efectivas, pues lo que se necesita es el mandatario estatal devuelva los 8 mil 500 millones de pesos que desfalcaron sus antecesores.

“El gobernador dice que va a pedir perdón a una organización y eso en dado caso tenía que pedirle perdón a todos los agremiados y al frente estatal como ocurrió con todas las denuncias ante la Fiscalía. Pedir una disculpa pública no basta, el perdón es lo de menos, lo que sí debe de hacer es devolver al IPE los 8 mil 500 millones de pesos que fueron saqueados de las reservas y que el propio Gobernador ya como mandatario electo en todas las reuniones que tuvimos las organizaciones y  las asociaciones con él se comprometió y eso nos interesa más que cualquier perdón”.

Reiteró que la principal solicitud es que Cuitláhuac García cumpla con su palabra de devolverle al Instituto de Pensiones del Estado los 8 mil 500 millones de pesos, “eso sí nos interesa por qué es el patrimonio del IPE, es el patrimonio de todos los derechohabientes activos”.

Sobre las disculpas pública que realizará el Gobernador,  son tras los hechos del pasado diciembre de 2015, cuando jubilados del IPE fueron reprimidos durante una manifestación en Xalapa donde exigían el pago de sus pensiones cuando estaba como interino, Flavino Ríos Alvarado y en marzo de 2016, cuando tres jóvenes fueron privados de la libertad por policías municipales sentenciados a 30 años de cárcel.

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