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¿Panistas no esconderán las trampas de Yunes Linares?

Acostumbrados a diputados panistas escondiendo como los gatos la mierda de sus actos de corrupción al amparo del poder, como lo hizo Juan Manuel de Unanúe en la Legislatura pasada, sorprende que el virtual líder de esa bancada, Enrique Cambranis Torres, asegure que no se protegerá a nadie cuando se analice la Cuenta Pública 2018.

Y mire que entre los observados está el ganador de la contienda interna por la dirigencia estatal panista, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, quien fungió como titular de la Sedarpa en el gobierno anterior y a quien apoyó decididamente para que desbancara al yunista Pepe Mancha.

En la pasada Legislatura, los panistas –que dominaban la mayoría en la Comisión de Vigilancia, presidida por Unanúe– dieron borrón y cuenta nueva a las observaciones por posibles desvíos de recursos públicos hechas por el Orfis a la Cuenta Pública 2017 e, incluso, se habló de negociaciones con alcaldes para que, moche de por medio, les borraran posibles desfalcos a sus tesorerías.

Los más beneficiados con barredora, por supuesto, fueron los miembros del gabinete yunista que ocultaron sus atracones y dispendios gracias a la operación limpieza ordenada por el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y llevada a cabo por los diputados locales panistas.

Sin embargo, para Enrique Cambranis Torres, un panista tradicional, los legisladores están obligados a fiscalizar el buen manejo de los recursos públicos, por lo que prometió que serán muy cuidadosos con la revisión del manejo financiero. “Tendrá que corregirse y solventarse lo que se deba, tendrá que hacerse lo correcto, más allá de quién esté señalado, de los colores que sean”.

A la actual Legislatura le tocará revisar la cuenta pública de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), que debe justificar el manejo de un millón 372 mil 500 pesos, y del Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (Fivrfap), con un presunto daño patrimonial por 14 millones 265 mil 995.26 pesos.

En ambos casos, será el virtual líder estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, exsecretario de la Sedarpa, así como algunos de sus colaboradores, los responsables de justificar el manejo financiero de más de 15.5 millones de pesos.

Cambranis afirma que, para tener la calidad moral de criticar al gobierno, el PAN y sus exfuncionarios tendrán que explicar cómo se dio el manejo financiero de los más de 4 mil millones de pesos que fueron observados por el Orfis. Y no le falta razón. Quienes detentaban el poder en la bancada panista estaban dispuestos a batallar para evitar que los resultados de las auditorias no perturbaran la tranquilidad de sus jefes políticos, comenzando por Yunes Linares, quien en dos años obtuvo beneficios más fuertes que se antecesor en seis años.

Ya tendrá Cambranis la oportunidad de demostrar esa imparcialidad y su compromiso con el deber político y moral de luchar contra la corrupción, que se supone es parte del ideario del partido blanquiazul.

Hay materia para sancionar el bienio panista

Tras el cambio en el Orfis y la entrega de su último informe de quien fuera su anterior Auditor General, ha salido a la luz pública que dos meses antes de terminar el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) emitió órdenes de pago por más de 564.7 millones de pesos, los cuales no han sido comprobados hasta la fecha.

La cuenta pública 2018 hace seis observaciones al gasto y revela que entre el 31 de octubre y el 31 de noviembre –último día del gobierno yunista– , la secretaría hizo diversos pago de la cuenta Santander 65506530498 , de los cuales no ha mostrado ni comprobantes fiscales, expedientes de contrato, o documentos sobre el proceso de adjudicación que justifiquen el gasto.

Una de las observaciones informa que de los capítulos de materiales y suministros, servicios generales, subsidio y transferencia se detectaron erogaciones por un monto de 382.4 millones de pesos, de los cuales no anexan la documentación comprobatoria y justificativa del gasto consistente.

También señala que del capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de la Secretaría, se detectaron los registros con cargo a las cuentas 1230-0000-0000 “Bienes Inmueble, Infraestructura y Construcción en proceso”, 1240-0000-0000 “Bienes Muebles”, 1250-0000- 0000 “Activos Intangibles” y provisionados a la cuenta 2112-1000-0000 “Proveedores adquisición de bienes y servicios por pagar a corto plazo” por un monto total de 56.2 millones de pesos, de los cuales no anexan la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.

También observó a la Sefiplan por celebrar un contrato el 22 de marzo del 2018, con la empresa “Mayoristas en Informática Avanzada, S.A. de C.V.” por la prestación del servicio especializado de desarrollo e implementación del sistema de gestión electrónica de oficios versión 2.0 (GEO 2.0)”, por un monto de 36.4 millones de pesos, sin embargo, la Secretaría no presentó evidencia de haber recibido y disponer de los entregables relacionados con el contrato.

Otra de las observaciones detalla que de la revisión a las cuentas 1125-1002-0001 “Sujetos a Comprobar”, 1131-1000-0000 “Anticipo a Proveedores por Adquisición Bienes y Prestación servicios CP”, se identificaron provisiones contables por un monto de 71.8 millones de pesos, del cual la Secretaría no presentó evidencia de la documentación comprobatoria y justificativa que permita verificar que dichos registros por pagos y “aplicaciones” a los proveedores debían afectar la información contable y/o presupuestal de la Secretaría, o en su caso, evidencia del reintegro de los recursos otorgados.

Otras irregularidades por 7.6 millones de pesos señala que se
identificaron afectaciones contables, correspondientes a la Unidades Administrativas distintas a la Secretaría, cuyas pólizas carecen de la documentación comprobatoria y justificativa que permita verificar que dichos registros debían  afectar la información contable.

Para Yunes, la reestructuración de deuda fue un buen negocio

Otro de los mitos creados por el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, el de haber reestructurado la deuda pública de Veracruz para dejarla en mejores condiciones financieras, ha caído estrepitosamente con los descubrimientos hechos públicos por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).

Aunque siempre lo negó ante los medios, la reestructuración de la deuda pública con Yunes Linares sí incrementó el monto de la deuda a largo plazo por un monto de 359 millones de pesos y generó observaciones administrativas y por un presunto daño patrimonial superior a los 9 mil 164 millones de pesos.

Para colmo, provocó un aumento de aproximadamente 22.21 meses del plazo de pago, al pasar de un ponderado de 250.52 meses de los créditos vigentes a diciembre de 2016, a un ponderado de 272.73 meses de los nuevos financiamientos vigentes a diciembre 2017; es decir, un total general de 22.7 años.

Además, la liquidación de algunos financiamientos con dicha reestructuración incluyó, en su caso, cláusulas que establecían penalizaciones o costos de rompimiento, generando costos para el Estado por 274 millones de pesos extras y se detectaron pagos duplicados por montos millonarios que derivaron en observaciones de daño patrimonial, entre otras anomalías.

La utilización de despachos privados para elaborar el plan de reestructuración permitió que el gobierno estatal erogara más de 900 millones de pesos por pago de la asesoría, y se sospecha que buena parte de esos recursos fueron a parar en manos del grupo en el poder.

Seguimos endeudados hasta las cachas

Según un informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, publicado el 26 de septiembre, Veracruz se ubica como la quinta entidad federativa con mayor endeudamiento en el país al segundo trimestre del 2019.

Según este centro, Veracruz adeuda 45 mil 966.6 millones de pesos al cierre del segundo trimestre del año, ubicándose detrás de la Ciudad de México, que debe 79 mil 687 millones; Nuevo León, que arrastra compromisos financieros por 75 mil 324 millones; Chihuahua, 49 mil 931.6 millones, y Estado de México, 49 mil 202.3 mdp.

El estudio “Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas de México. Segundo Trimestre del 2019 indica que esos cinco estados concentran el 50.9 por ciento de la deuda subnacional.

Además, Veracruz se ubica en el quinto lugar nacional, junto con Coahuila, en cuanto al mayor nivel de endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), al ubicarse en el 4.8 por ciento cada uno, solo detrás de Chihuahua (7 por ciento), Quintana Roo (6.6%), Chiapas (6.3%) y Oaxaca (4.8 por ciento).

De acuerdo con el CEFP, la deuda del estado de Veracruz como porcentaje de los ingresos totales representa el 44 por ciento, ubicándose de nueva cuenta en el quinto lugar nacional empatado con Sonora. Nuevo León encabeza la lista como el estado más endeudado bajo este indicador, con un monto que alcanza el 81.3 por ciento de sus ingresos totales; le siguen Coahuila, con un 75.3 por ciento; Chihuahua, 72.4 por ciento, y Quintana Roo, 65.0 por ciento.

El estudio revela que Veracruz tiene comprometidas el 90 por ciento de sus participaciones federales, ubicándose por arriba del promedio nacional que es del 62.2 por ciento. Pese a ello, no alcanza el nivel de endeudamiento de las participaciones federales de otros estados, como Nuevo León, que reporta un saldo de deuda por 182.2 por ciento de las participaciones estimadas para este 2019.

Según el CEFP, deuda total del estado de Veracruz disminuyó un 4.4 por ciento del segundo trimestre del 2018 al mismo periodo del 2019.

Las frases sin disfraces

“La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”. Groucho Marx, actor y cómico.

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