Hora Libre

Ni 2017 ni 2018, siguen sin castigo quebrantos a las finanzas públicas

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Señalado política y mediáticamente como infectado por la corrupción en que habrían incurrido diputados de varios partidos, en particular los de Morena, el proceso de revisión de la Cuenta Pública 2018, último año del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, fue rechazado tanto en su Informe General como en los informes individuales en plenaria del Congreso local, lo que permitiría, en primera, rehacer con limpieza el resultado de las auditorias y, en segunda, barrer con toda posibilidad de negociación en lo oscurito para limpiar expedientes de entes fiscalizables en problemas, mediante moches.

Y es que el escándalo escalaba como una fisión nuclear y, debido a las relaciones políticas de los implicados, amenazaba con embarrar a funcionarios de alto nivel del Gobierno de Veracruz, como el secretario de Gobierno Eric Cisneros, además de a la recién estrenada auditora general del Orfis, Delia González Cobos, a quien junto al diputado morenista Eric Domínguez Vázquez, presidente de la Comisión de Vigilancia, se acusaba de instigar la cadena de los moches. Esto, claro, por supuestas denuncias que le hicieron llegar algunos alcaldes al diputado Magdaleno Rosales Torres, pugilista del equipo de Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado federal en Veracruz.

Este jueves, sin embargo, las bancadas de Morena, Movimiento Ciudadano y PRD dieron 31 votos al rechazo a la aprobación de la Cuenta Pública, que contrastó con los votos en contra de los 11 diputados del PAN y del diputado Gonzalo Guízar Valladares, además de la abstención del diputado Érick Iván Aguilar López, quien como Magdaleno navega con la banderita morenista pero está más ligado a otros intereses partidistas.

Pues, bien, tras esta decisión histórica, la Legislatura local avaló que se instruyera al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) para que, en un plazo que no exceda los 90 días naturales, realice una nueva valoración sobre las aclaraciones y de la documentación justificatoria y comprobatoria presentadas por los entes fiscalizables en relación con los pliegos de observaciones resultantes de la fiscalización a la Cuenta Pública 2018.

Lo grave de esto es que, a estas alturas, no se ha analizado y tampoco se ha procedido administrativa o penalmente contra la administración estatal anterior ni contra los ayuntamientos actuales, porque antes la Cuenta Pública 2017 fue salvada por los legisladores panistas, justamente con moches de por medio, lo que permitió que varias administraciones edilicias, anteriores a las vigentes, quedaran sin problemas pese a haber incurrido en quebrantos financieros a la hacienda municipal.


Nada de borrón y cuenta nueva, dice Gómez Cazarín

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, Juan Javier Gómez Cazarín, señaló que la bancada de Morena detectó inconsistencias y anomalías en el informe presentado por el exauditor Lorenzo Antonio Portilla Vázquez; son numerosas discrepancias entre las aclaraciones y la documentación justificatoria y comprobatoria presentada por los Entes Fiscalizables en relación con las observaciones y los montos solventados.

Gómez Cazarín reconoció a sus compañeros integrantes de la Comisión de Vigilancia, quienes fundaron y motivaron esta determinación apegada a derecho, “se razonó que el Congreso del Estado ostenta la competencia para revisar y fiscalizar, así como aprobar o no las Cuentas Públicas”. Dio a conocer que, derivado de diversas reuniones de trabajo del cuerpo parlamentario, se advirtieron las anomalías e irregularidades del informe entregado por el anterior Auditor General, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez.

Por la mañana de este jueves, en sus redes sociales, el líder de la fracción de Morena en el Congreso había asegurado que los diputados de su partido respaldaban la decisión de rechazar la Cuenta Pública 2018, y había agregado: “Nosotros no venimos a ser tapete de nadie, venimos a cuidar el recurso, cero moches y lo estoy repitiendo, no nos vamos a prestar a esas cosas”, con lo que fortalecía la hipótesis que señala al presidente de la Comisión de Vigilancia, el morenista Eric Domínguez Vázquez, de hacer lo mismo que hicieron los diputados panistas encabezados por José Manuel de Unanue, al negociar borrón y cuenta nueva con alcaldes y exfuncionarios a cambio de un monto de dinero. Un moche, pues.

Aunque gusta más del impacto mediático que de la denuncia formal y en el sitio adecuado, el diputado local de Morena, Magdaleno Rosales Torres, acusó a Erick Domínguez de ser blanco de señalamientos graves por su comportamiento en la Comisión de Vigilancia y añadió que al menos siete alcaldes lo han acusado de cobrar «moches» para limpiar sus cuentas públicas. “Inclusive hay alcaldes que están dispuestos a dar su punto de vista porque da vergüenza esto”.

La negativa a aprobar la Cuenta Pública 2018, por tanto, se enfoca en romper cualquier posible negociación es posible que se analice hasta ilegal y en lo oscurito para limpiar expedientes a cambio de ‘cochupos’ para diputados locales.

Lo que sí es que esto podría analizarse hasta febrero de 2020, que es el plazo máximo otorgado al Orfis para corroborar o modificar los informes generales y particulares legados por su antecesor en el Orfis.

Puede mejorar la economía en Veracruz

Pese a que el PIB nacional no creció, es decir, mostró una tasa de crecimiento de 0%, según el INEGI, Veracruz puede tener un mejor comportamiento, no tanto como para empujar a la economía nacional, sino al menos para que a partir del próximo año pueda recuperarse cierta dinámica en el sector privado, particularmente el de la construcción, que tiene entre cuatro y cinco años de cruzar por un grave hoyo financiero derivado de la falta de pagos por parte del gobierno estatal desde la administración de Javier Duarte.

Ya sabemos que el de la construcción es el sector más dinámico (y  dinamizador) de la economía: genera empleos, permite derramas económicas regionales y el financiamiento a obra pública posibilita el desarrollo y un mayor bienestar a las familias.

            Lo que ha vivido la mayoría de las empresas constructoras de Veracruz, sin embargo, tiene que ver más bien, en los últimos diez años, no solo con la marginación en los contratos que han sido destinados a empresas foráneas o de amigos y socios de los anteriores gobiernos estatales, sino también con su ahorcamiento por parte del gobierno estatal. Muchas quebraron, otras están a punto de quebrar y, en general, están endeudadas con instituciones fiduciarias a las que recurrieron cuando hicieron obra pública y a las que no pudieron pagar en los plazos acordados por falta de pago del gobierno estatal.

Por fortuna, uno de los puntos más fuertes de la administración morenista, contra todo lo que hubiera sido posible adivinar, se encuentra en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). Y digo difícil de prever porque un gobierno como el que ha pintado Morena debería tener sus mayores fortalezas en áreas como salud, educación, desarrollo social y apoyo al campo. Pero no.

El titular de la Sefiplan, José Luis Lima Franco, no solo ha mantenido una línea de orden en el gasto público, sino que ha logrado enfrentar los graves problemas heredados en materia de deuda pública y pago a proveedores, lo que puede usar el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para dar relieve a su primer informe de gobierno, que entregará al Congreso en 15 días, al señalar que las deficientes finanzas públicas de los últimos 10 años se están resolviendo en 10 meses.

La Sefiplan ha transferido recursos a 82 empresas con las que tenía adeudos el Gobierno del Estado, que se suman a las 53 liquidadas desde abril, para un total de 135 proveedores beneficiados, por montos de hasta 800 mil pesos.

José Luis Lima Franco acaba de firmar convenios de colaboración con el banco Afirme y Nacional Financiera para implementar dos nuevos esquemas de pago: factoraje y cadenas productivas, y liquidar adeudos generados durante la última década para reactivar la economía.

“Ha sido a través de una política de austeridad y contención del gasto que hemos logrado los ahorros que hoy nos permiten pagarles. Estamos empezando a remediar todo el daño de 10 años en 10 meses. Ha sido una larga espera, pero nos llena de orgullo decir que los resultados están a la vista de todos”, dijo Lima Franco.

Explicó que se buscaron esquemas que no afectaran los recursos etiquetados para otras necesidades prioritarias, aplicando desde diciembre la Ley de Austeridad, la contención del gasto público, el orden y control del ejercicio gubernamental, pero sobre todo, una disciplina financiera.

El factoraje, dijo, permitirá dar abonos inmediatos a los adeudos que se tienen con empresarios que han sido validados y consiste en la cesión de los derechos de cobro de sus deudas con el banco Afirme; el Gobierno pagará en un plazo de 24 meses, mediante los ahorros logrados en ese plazo.

En tanto, con Nacional Financiera se implementarán las cadenas productivas, con las cuales se apoyará a los empresarios a tener liquidez, y todos los contratos que hayan realizado con la actual administración podrán ser pagados sin necesidad de esperar, con un costo financiero muy accesible.

La verdad es que puede permitir que los siguientes cinco años la inversión pública crezca.

Frases sin disfraces

“Yo creo bastante en la suerte. Y he constatado que, cuanto más duro trabajo, más suerte tengo”. Thomas Jefferson.

Comentarios: belin.alvaro@gmail.com | http://formato7.com/author/abelin/

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