Hora Libre

¿Necesitamos un comisionado federal en seguridad?

En medio de los enfrentamientos entre fuerzas policiacas e integrantes del crimen organizado en varias partes del estado, el tema de la inseguridad se ha convertido en un buen pretexto para el golpeteo político, y ha renacido la propuesta de llamar al gobierno federal para que nombre a un comisionado especial que se encargue directamente del tema de la seguridad pública, desplazando de estas funciones al Gobierno de Veracruz.

Como en 2015, durante el sexenio de Javier Duarte, cuando el entonces diputado federal Miguel Ángel Yunes Linares hizo un llamado al Gobierno de la República para que designara a un comisionado especial por la inseguridad que ya se vivía, hoy los panistas vuelven a revivir la propuesta que ellos mismos se negaron a impulsar durante el bienio encabezado por el propio Yunes, cuando la violencia mantuvo sus niveles de crecimiento.

            Hace cuatro años, ya en la carrera por obtener la gubernatura, Yunes Linares denunció que la “ola de narcoviolencia” en Veracruz golpeaba a la población desde el inicio del sexenio de Duarte, fruto del trato que había hecho el exgobernador Fidel Herrera con el Cártel del Golfo para dejarlos operar a cambio de 12 millones de dólares. “Mientras no exista una sola persona enviada por el Gobierno federal que coordine a todas las corporaciones, el tema no se va a resolver”, señaló el entonces diputado federal.

Una vez en el poder, y pasados los primeros seis meses de su gobierno –que había prometido como plazo para acabar con la violencia criminal–, pese al crecimiento en la incidencia delictiva Yunes Linares guardó en su cajita de los recuerdos la iniciativa de establecer una delegación federal especial para hacerse cargo del tema de la seguridad pública e, incluso, calificó como una tontería cuando la propusieron los de Morena.

Hoy, los panistas han vuelto a sacar de la chistera la misma propuesta, y han mandado a comunicadores a modo para tratar de sumar entre las filas de Morena a quienes apoyen este slogan político que no tiene ni pies ni cabeza.

 

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“A mí las caídas de Tenochtitlán que más me gustan son las de maciza con cebolla, limón y salsa de guacamole”. Hugo García Michel @hualgami

 

¿Vacilada o necesidad?

Al ser cuestionado sobre el tema, el delegado del gobierno federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, lo calificó como una vacilada y, a sabiendas de dónde provenía la jugada, pidió al Fiscal General del Estado que se sume a los esfuerzos del gobierno estatal en la lucha contra la inseguridad.

Aunque se le ha señalado como uno de los que operaron en el Congreso local para no llevar a juicio político al Fiscal General, mediante la escaramuza realizada por varios diputados de Morena cercanos a él que se opusieron a la medida, Manuel Huerta Ladrón de Guevara se sumó este lunes a la excitativa del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que Jorge Winckler Ortiz también se sume a las acciones contra la inseguridad en el ámbito de su competencia.

Al acudir a la reunión con que se dio inicio a la consulta del Plan Nacional de Desarrollo, dijo que la Fiscalía General ha quedado a deber en materia de procuración de justicia, y precisó que los gobiernos estatal y federal están teniendo una articulación para combatir la inseguridad, pero que ello debe ir de la mano con la procuración y administración de justicia. “Pareciera que es ahí donde tenemos un problema”, porque existen omisiones graves.

Con los dedos en la puerta, sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura local, el diputado de Morena Juan Javier Gómez Cazarín, dejó entrever ante los reporteros en palacio legislativo que, en lo personal, respaldaría la propuesta al considerar que sería en beneficio del estado, aunque dijo desconocer si estaría entre sus atribuciones solicitar esta medida.

Aunque los medios señalaron que él fue quien propuso la intervención directa del gobierno federal mediante un comisionado, lo cierto es que Gómez Cazarín sólo respondió el cuestionamiento insistente de los reporteros; reconoció que lo ocurrido el fin de semana, como los narcobloqueos y los ataques a elementos de la policía estatal, es resultado del ataque frontal del gobierno al crimen organizado, y cuestionó a la Fiscalía General del Estado (FGE) por no estar actuando ante la existencia de órdenes de aprehensión contra presuntos delincuentes que operan en Veracruz.

 

El fantasma del comisionado federal de seguridad

La figura del comisionado especial del gobierno federal para coordinar tareas de seguridad pública la inventó el expresidente Enrique Peña Nieto cuando envió a un comisionado a Michoacán, pasándose por el arco del triunfo normas constitucionales que atribuyen dichas funciones a los gobernadores de los estados.

            A través de un decreto presidencial de enero de 2014, Peña Nieto creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado Michoacán, al frente de la cual nombró a Alfredo Castillo Cervantes, quien dejó su cargo como Procurador Federal del Consumidor.

Entre sus facultades se enumeraban las de promover la coordinación de las autoridades locales y municipales en Michoacán con las autoridades federales, en los ámbitos político, social, económico y de seguridad pública.

En los hechos, Alfredo Castillo se convirtió en un gobernador sin palacio, enfiló las fuerzas federales y locales en contra de los grupos de autodefensa, sin conocimiento del terreno, y permitió un latente estado de confrontación armada que estuvo a punto de estallarle en las manos, mientras gobernaba el priista Fausto Vallejo Figueroa, señalado junto con su hijo Rodrigo de mantener relaciones de complicidad con Servando Gómez, La Tuta, entonces líder del grupo delictivo Los Caballeros Templarios.

Un año después, en febrero de 2015, Castillo reconoció que el presidente Enrique Peña Nieto había tomado la decisión de “terminar con su encomienda” en Michoacán ante “la presión, solicitud o exigencia de los candidatos”.

 

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“Si la nueva directora de comunicación del CONACyT piensa que la astrología puede predecir tanto como la ciencia; prescindiremos de los vulcanólogos para alertar sobre las erupciones inminentes del volcán de Colima y del Popocatépetl? Julieta Fierro Gozzman @FierroGossman

 

Lo que ha dejado a deber Jorge Winckler

Este lunes también se conocieron tres hechos que involucran al Fiscal General y que abonan al clima de impunidad que campea en Veracruz.

Por un lado, las revelaciones hechas por el gobernador Cuitláhuac García Ortiz sobre el evidente desinterés del Fiscal en el cumplimiento de sus deberes de impartición de justicia; las acusaciones del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, en un programa del portal Al Calor Político, en el sentido de que los famosos “Se Busca” lanzados por el gobierno de Yunes Linares, prometiendo recompensa por información que ayudara a localizar a ciertos delincuentes, no estaban sustentados en las correspondientes órdenes de aprehensión, y por último, la información dada por la Fiscalía General sobre la detención de Diego ‘N’, presunto involucrado en el homicidio de la joven Valeria C. M., hija de la diputada federal de Morena, Carmen Medel, cuando con Yunes quisieron dar carpetazo utilizando como chivo expiatorio a un supuesto sicario que luego fue hallado asesinado.

García Jiménez dijo que el Poder Judicial del Estado giró una orden de aprehensión contra un presunto delincuente y la Fiscalía General del Estado tardó un año en ir por el documento; en ese intervalo, el presunto delincuente pudo andar en libertad. “Un año que estuvo ahí señalado con orden de aprehensión, pudo andar libre y haciendo sus fechorías a sabiendas de que la Fiscalía General del Estado no iba actuar de manera contundente no iba a ir por la orden de aprehensión”. Eso dio pie a afirmar que las administraciones pasadas dejaron crecer a los grupos delictivos, a los que solapaban.

Por su parte, Eric Cisneros dijo en el programa “Entre Vistas”, de TeleClic.tv y alcalorpolitico.com, que en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares se ofrecía un millón de pesos a quien otorgara información por un delincuente que ni siquiera tenía orden de aprehensión, lo que calificó como una omisión de la Fiscalía General. Fue, dijo, una tomadura de pelo para los veracruzanos, y hoy Jorge Winckler “cínicamente todavía nos dice que nadie le dijo que tenía que girar orden de aprehensión; por eso, cuando hay situaciones delicadas de seguridad, este delincuente no aparece”.

Sobre el tema del asesinato de la hija de la diputada morenista, llama la atención que a casi cinco meses de ocurridos los hechos en un gimnasio ubicado en el centro de Ciudad Mendoza, el pasado 8 de noviembre, que generaron la repulsa generalizada, este lunes el fiscal Winckler salga a revelar nuevos resultados de la investigación.

Ocurrido el homicidio, el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares salió en menos de 24 horas del hecho a divulgar una verdadera obra de ficción, en que se involucró a un supuesto asesino (que equivocó a una mujer madura por una joven estudiante de Medicina), que fue hallado horas después asesinado en su propio vehículo, con lo que prácticamente cerró el expediente y dio por resuelto el delito.

En conferencia de prensa, el Fiscal Jorge Winckler Ortiz informó que el sujeto Diego N. está a punto de ser vinculado a proceso en una audiencia que se llevaría a cabo en las siguientes horas.

 

Polvo de gis

 

Mancha voraz opina de delincuencia… Cuestionado en tribunales por su ilegal elección al frente del PAN estatal y enriquecido empresario durante el gobierno de Yunes Linares, José de Jesús Mancha Alarcón, ha saltado a los medios como un verdadero experto en materia de seguridad pública. Este lunes dijo que en Veracruz la delincuencia organizada pasó a un siguiente nivel porque ahora se atreven a hacer ataques directos a los cuarteles y a los elementos de la Fuerza Civil. Acostumbrado a la política de su jefe Yunes de que a los cárteles se les respete para que no ataquen y que entre ellos se hagan trizas sin necesidad de que las fuerzas de seguridad hagan su trabajo, el peculiar Pepe Mancha aseveró que los hechos violentos ocurridos el pasado fin de semana en Veracruz han significado un grado de inseguridad que no se había padecido anteriormente en las administraciones de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, cuando los ciudadanos sufrieron los delitos de secuestros, asaltos, robos y levantones entre otros (como si con Yunes no hubiera crecido más alto la incidencia delictiva). Hoy los cárteles, dijo, hasta se atreven a hacer ataques a las corporaciones policiacas. ¿Y si le pedimos que él sea el delegado especial del gobierno federal? Seguramente se fue a estudiar un posgrado en seguridad pública mientras esperaba el veredicto de los tribunales electorales sobre su desaseada elección como dirigente estatal del PAN Lo que el Fidelato se llevó…  Ahora no esteramos de que, desde 2013, Veracruz no ha recibido recursos federales para la vivienda porque se habrían desviado casi 390 millones de pesos durante los gobiernos de Javier Duarte de Ochoa y Fidel Herrera Beltrán. En una nota publicada este lunes, el gerente general del Instituto Veracruzano de Vivienda, Hazel Flores Castro, reveló que se presentó una denuncia ante instancias federales por este caso, ya que se trata de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) de 2008 a 2010. Estos recursos se habrían ejecutado de manera irregular y generaron cargas financieras por 515 millones de pesos

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