En gabinete estatal, Secretarios sin sustancia

Hay de funcionarios a funcionarios, y en el actual gabinete estatal hay quienes han entendido que deben trabajar duro no solo para mantener la chamba sino para prolongar el proyecto político, y hay a quienes el puesto los tomó por sorpresa y no acaban de asimilarlo, o sienten que el cargo fue un reconocimiento sin más o una dádiva política, por lo que no tienen que ir más allá.

En anterior entrega me referí al trabajo de piso que realizan algunos integrantes del gabinete de Cuitláhuac García Jiménez, cuyas acciones de gobierno seguramente tendrán frutos positivos para la causa morenista, al asegurarle una amplia cosecha de votos en la elección intermedia de 2021. Intencionalmente no me referí al equipo opuesto, el compuesto por aquellos que apenas y asoman la cabeza para realizar tareas triviales, comunes, sin sustancia… banales, pues.

            Frente al trabajo de los primeros, la oposición sigue impávida, creyendo que con dominar la percepción pública y golpeando persistentemente al actual gobierno, gracias a algunos medios de comunicación y las redes sociales, aseguran su propósito de revertir el actual mapa político y recuperar las posiciones que les aseguraron una enorme fortuna y un creciente poder.

En el caso de los segundos, un ramillete de secretarios de despacho se pelea su sitio en ese casillero. Y hay que señalarlos:

            El secretario de Desarrollo Social estatal, Guillermo Fernández Sánchez, es uno de los que se apunta en la lista de los improductivos. Después de casi 6 meses de gobierno, ni siquiera atina a calcular a los beneficiarios de los programas sociales que opera su dependencia, aunque sí se le observa en comilonas con su equipo de trabajo. No se le conoce una tarea, cuando menos, con la que haya colocado al mandatario veracruzano como referente en materia de indicadores de bienestar a nivel nacional.

En el barómetro jarocho de la función pública, entre el ingeniero Guillermo Fernández y el “súper delegado” Manuel Huerta Ladrón de Guevara no levantan ni un grado en el reconocimiento público.

En el área turística la cosa anda más o menos parecida. La secretaria de Turismo, Xóchitl Arbesú Lago, conocida como la funcionaria de la eterna sonrisa, por la que no parece pasar un halo de preocupación por lo que está sucediendo en el equipo al que pertenece, no acaba por entender las bondades de Veracruz para ser detonado como atractivo internacional. Es más, ni siquiera ha puesto a la entidad y sus atractivos turísticos en la agenda de los promotores turísticos nacionales.

Si no es por el gobernador al que trae de coaching, ninguna de las fiestas grandes, con el de la Fiesta de la Candelaria en Tlacotalpan, la Cumbre Tajín en el municipio de Papantla o el próximo Festival de la Salsa, le salen bien.

Ese mismo tamiz de banalidad cubre la Torre Ánimas, en donde despacha el secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Ernesto Pérez Astorga, un gris empresario que, sin la menor experiencia exitosa en su ramo, ha pasado a ser un funcionario prácticamente invisible en el gobierno de Morena.

Entre todo el gabinete, es quizá el más fifí, pero de resultados tangibles, nada aún. Anuncia posibles inversiones, visitantes distinguidos, giras rimbombantes, pero ni un solo resultado para lograr la recuperación de la inversión privada para la entidad, que se mantiene con graves índices de desempleo desde que entraron a gobernarnos personajes de negra trayectoria como Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares.

            Luego están quienes conciben que su tarea más importante es la construcción de su propia imagen pública, por lo que aparecen lo mismo en un corte de listón de obra que en un bautizo o recibiendo galardones de mérito dudoso. Por eso insisto: el trabajo de piso impacta de manera positiva en la población. Más vale proyectos modestos pero inmediatos, que grandes planeaciones sin conclusión.

Winckler debe ser enjuiciado

El daño que sigue causando a Veracruz el Fiscal General Jorge Winckler Ortiz no solo merece su despido, sino su procesamiento y posterior confinamiento en un calabozo estatal, junto con Miguel Ángel Yunes Linares, quien sigue probando al gobierno morenista con apariciones públicas, actos de espionaje que permiten a su pupilo aparecerse en oficinas de la FGR en la Ciudad de México mientras en Xalapa es denunciado por graves omisiones que han permitido dejar en libertad a criminales, e instrumentando declaraciones del Fiscal y su hijo Fernandito para descalificar estas acciones necesarias señalándolas como cortinas de humo.

Sin embargo, la semana pasada la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) determinó que hay elementos suficientes para que al Fiscal Jorge Winckler Ortiz, se le acredite responsabilidad en casos de tortura.

En un comunicado, la Comisión informó que “entre los elementos de prueba que presenta dicha Comisión se encuentran informes realizados por la propia Fiscalía, entrevista con testigos y entrevistas a la víctima, además, especialistas externos realizaron al solicitante valoraciones físicas y psicológicas de acuerdo a estándares internacionales determinados por la ONU (Protocolo de Estambul)”.

El organismo que preside la abogada Namiko Matzumoto, señala que “en la investigación acredita que durante las madrugadas de abril y mayo del 2018, Eduardo Coronel Gamboa, en aquel momento Fiscal Especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas y que actualmente se desempeña como Fiscal Regional en Xalapa, ingresó personalmente al penal de Pacho Viejo en la ciudad de Xalapa sin dejar constancia en los filtros de seguridad con la finalidad de fabricar pruebas mediante actos intencionados de sufrimiento, es decir, tortura”.

Ante estas evidencias, la comisión extendió una recomendación a las autoridades correspondientes para “investigar a los servidores públicos señalados para determinar sus responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo a su participación debido a que la tortura es considerada como un delito grave por el derecho internacional”.

El Fiscal General del Estado ha tramitado siete amparos para evitar ser destituido del cargo, según informó Jorge Reyes Peralta, abogado de Gilberto “N”, ex funcionario de la SPP y presunto prestanombres de Arturo Bermúdez Zurita, y señala violaciones a los derechos fundamentales y tortura al interior del penal de Pacho Viejo, ubicado en el municipio de Coatepec.

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