Hora Libre

Crimen político crece en norte de Veracruz


Este jueves fue asesinado en Gutiérrez Zamora el empresario José Ramón Pérez Cano, segundo dirigente local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en sufrir los efectos de la violencia criminal y política que sufre la región del Totonacapan.

Antes que él, Francisco Riaño Santés, comerciante y dirigente de ese partido, fue ultimado a balazos el 5 de noviembre de 2018. Riaño Santés había ido a comer al restaurant La Galera cuando llegaron sujetos armados a bordo de vehículos con la intención de secuestrarlo, sin embargo,  el político lugareño opuso resistencia y fue cuando los agresores le dispararon en cuatro ocasiones dejándolo mal herido. Más tarde perdió la vida.

El crimen que cobró la vida de José Ramón Pérez Cano la mañana de este jueves tuvo similar modus operandi; ocurrió en el interior de un taller mecánico a la entrada de la ciudad, a donde había llevado su camioneta para ser revisada. Hasta el interior del taller llegaron sujetos armados que dispararon contra él sin que tuviera oportunidad de repeler la agresión.

Ahí lo dejaron herido. Cuando llegaron técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja solo confirmaron su deceso; elementos de la Fuerza Civil arribaron más tarde solo para acordonar la escena del crimen, con el apoyo de personal del Ejercito Mexicano, mientras que agentes de la Fiscalía Regional tomaron conocimiento de lo sucedido y ordenaron el envío del cadáver al Servicio Médico Forense.

Pérez Cano era considerado el virtual candidato a la presidencia municipal de Gutiérrez Zamora para el 2021 por el PVEM, partido aliado a Morena, mientras que su viuda actualmente se desempeña como regidora del ayuntamiento.

La región de Papantla, sometida por grupos políticos en pugna

Los delitos de alto impacto ocurridos en esta región no solo están relacionados con grupos criminales sino que varios ostentan tintes políticos, derivado de cacicazgos en confrontación, verdaderas mafias que buscan extender su dominio por la sierra totonaca y la costa norte de Veracruz, hasta Poza Rica, algunos de los cuales han sido protegidos por el PRI, el PAN y el PRD, pues constituyen reservas de votos en las comunidades indígenas sometidas por grupos de pistoleros a sueldo.

Durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se contabilizaron tres asesinatos políticos en la región, todos ellos ocurridos en Poza Rica pero cuyas víctimas tenían carreras políticas en la región.

El 17 de mayo de 2017 fue asesinado a balazos Erasmo Sosa Garza, en ese momento director del Consejo Municipal del Deporte del ayuntamiento de Poza Rica, jubilado de Pemex y presidente del equipo de futbol de tercera división Petroleros de Poza Rica.

El 3 de agosto de ese mismo año fue asesinado a tiros cuando salía de un bar Sergio Tremari Gaya, operador político del PRD en Papantla; su hermano Octavio fungía como secretario del ayuntamiento de Papantla, y ambos eran hijos del exalcalde Arturo Tremari Blanno. Como autor material del homicidio fue detenido Andrés “N”, alias “El Cinco”, presunto miembro del grupo delictivo 35-Z.

Doce días después, el 15 de agosto, fue ultimado a balazos Armando Violante Herrera, excandidato panista a la alcaldía de Coatzintla y quien ya había sido secuestrado un año antes; fue asesinado por tres pistoleros en el restaurant de un hotel y, junto con él, murió su hijo Armando Violante Orta y su escolta.

Con Cuitláhuac García, alerta roja

Apenas el 26 de febrero, en Gutiérrez Zamora, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez prometió que los homicidios registrados en esta zona no quedarán impunes y se comprometió a reforzar las medidas de seguridad en la región, cuando presidía una Mesa Regional para la Construcción de la Paz, en que anunció que se contaría con un nuevo mando de la Guardia Nacional.

            Se reunió con el alcalde Wilman Monje Morales, a quien seis días antes le habían asesinado a su secretario particular Alberto Cancino Álvarez al llegar a su domicilio.

Cancino Álvarez, de 27 años, era hijo de la empresaria Carmina Álvarez y en fechas recientes, a través de las redes sociales, había sido “destapado” como posible candidato a la alcaldía para el próximo proceso electoral por el partido Movimiento Ciudadano, versión que él mismo negó.

El joven exasesor del alcalde Wilman Monje Morales recibió varios impactos de arma de fuego en el brazo izquierdo, torso y espalda, que habrían alcanzado órganos vitales.

Cuitláhuac dijo entonces: “Buscamos generar bienestar y devolverle la confianza a la ciudadanía, por lo que hoy anuncio que durante esta administración las corporaciones policiales no tendrán pacto con ningún grupo delictivo, no pactaremos con nadie”.

Los reporteros locales le preguntaron sobre avances en las investigaciones sobre el asesinato de Cancino Álvarez, ocurrida el 20 de febrero, y sobre el homicidio del  líder de taxistas de Papantla, Martín Villanueva Malpica, ocurrido el 22 de ese mes, pero se negó a proporcionar mayor información, si bien dejó entrever que estos asesinatos pudieran ser relacionados con temas políticos.

Hoy ha ocurrido un nuevo crimen político sin que los grupos políticos violentos en la zona le hubieran dado tiempo para implementar las estrategias de seguridad prometidas al alcalde.

Ante el asesinato del segundo dirigente del PVEM en Gutiérrez Zamora, el gobierno estatal emitió una comunicado:

“Los últimos homicidios en la región de Gutiérrez Zamora y Papantla serán investigados a fondo, hasta dar con los responsables.

“Estamos construyendo la paz desde lo social, pero no permitiremos que descompongan el ambiente de tranquilidad los caciquismos ni las venganzas.

“Hay quienes no quieren entender que ya se acabó la impunidad y los pactos con delincuentes. Tarde o temprano daremos con aquéllos que han violado la ley y lastimado a la sociedad”.

Luego, aprovechó el gobierno morenista para lucir sus logros:

“El día de ayer tuvimos registro de ‘cero’ homicidios dolosos en todo el estado y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo en flagrancia a 9 personas por portación ilegal de armas. Así mismo (sic), durante los primeros 5 días de marzo la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a 3 feminicidas por casos anteriores. Vamos por más resultados como estos”.

Ojalá que se cumplan los dos primeros renglones se cumplan y regrese la paz a esa región rica cultural y productivamente que pronto será escenario de la Cumbre Tajín.

Las Universidades del Bienestar, improvisadas y con sentido electoral

Si algún valladar ha encontrado Andrés Manuel López Obrador en su cruzada por destruir o anular los poderes alternos, los contrapesos, donde su voz no es orden, ese ha sido el de las universidades públicas autónomas, a las que ha tratado de someter mediante negociaciones presupuestales lesivas, la reiterada arenga a que abran sus puertas y no limiten el ingreso de estudiantes y la desafortunada oferta de sus famosas 100 universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) que, hasta el momento, muchos hablan de ellas pero nadie sabe ni siquiera dónde funcionan.

Quien en Veracruz habla mucho del tema es el delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien el pasado lunes 2 de marzo afirmó que los aspirantes a la UV que sean rechazados tendrán oportunidad de estudiar en alguna de estas universidades de las que, dijo, funcionan ya ocho en la entidad, aunque no reveló en qué ciudades y solo atinó a decir que “se está en la construcción de edificios, están trabajando y dando matrícula a los jóvenes, y se trata que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar porque es una escuela gratuita de calidad en excelencia, y los chavos reciben la beca Benito Juárez”.

Fantasmales, apocalípticas, sin planes ni programas de estudio, sin edificios propios, sin planta docente certificada, sin registro para que sus hipotéticos egresados accedan a un documento oficial de titulación para su desempeño en el campo profesional elegido, improvisadas como el gobierno que las alienta, pero eso sí, con becas apetitosas que aseguran votos para 2021, las UBBJG naufragan en el descrédito, el desaliento de sus escasos estudiantes y el subejercicio presupuestal.

Para muestra un botón. Desde el 17 de febrero pasado, 700 estudiantes  de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga (ubicada en el centro histórico de la CDMX) decidieron irse al paro de labores para evidenciar las irregularidades de este que es uno de los programas estrella del actual gobierno federal.

Entre las inconsistencias legales que denuncian maestros y alumnos está la ausencia de procesos de titulación, de registro oficial, de planes y programas de estudio, así como de recursos administrativos y financieros para operar.

En su informe del 1 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las 100 UBBJG se encontraban en operación en sedes provisionales, cuando en realidad solo funcionaban 88.

Según el presidente, esto se habría logrado, con solo el 5% de los 1,000 millones de pesos que se les destinaron para el año 2019. ¿Todo lo restante regresó a la tesorería federal? ¿Ahorro o incapacidad para aplicar el programa? ¿Crearon las UBBJG como una especie de empresas fantasma?

En efecto, de acuerdo con un informe de gastos del Organismo Coordinador de estas universidades (obtenido vía transparencia por el portal Expansión Política), en los primeros 11 meses del año pasado se habían ejercido sólo 52.7 millones de pesos; se supone que se encontraban comprometidos 753.5 millones. En el hipotético caso de que esta última suma se hubiese aplicado hasta diciembre, el gasto anual habría sido de 806.3 millones de pesos. ¿Qué pasó con el remanente de 193.7 millones de pesos hasta noviembre de 2019.

Reprueba Mexicanos Contra la Corrupción a las universidades de AMLO

El programa fue reprobado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que, de acuerdo con sus evaluaciones, debía alcanzar 4 puntos, pero sólo alcanza .72 de calificación.

Así, a pesar de que el objetivo del programa era enfocarse en municipios de alta o muy alta marginación, sólo el 37 por ciento están en esta ubicación. En los municipios en donde están dichas UBBJ, sólo el 23% (31 mil 827) de los jóvenes de 18 a 24 años tienen bachillerato concluido. Por cierto, de las 100 universidades, 50 se ubican en municipios gobernados por Morena y 9 más en los gobernados por algún partido de su coalición.

“Esta política pública no tiene ningún indicador, no tiene ninguna meta, no existe ningún objetivo que permita que la educación, no sólo se ofrezca, sino que sea una educación con capacidad de transformar”, señala el organismo.

De acuerdo con el estudio, ninguna de las 30 universidades que fueron objeto de estudio cuentan con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y sin él no pueden expedirse títulos universitarios. Cuatro universidades cuentan con más de 400 estudiantes, mientras que el promedio de alumnos de las otras 26 es de 94. Además, 15 cuentan con menos de 5 profesores. El promedio para las 30 universidades es de 4 por plantel, y 26 de las 30 universidades imparten sólo una carrera.

Y todavía las promueven como la panacea para miles de estudiantes que no puede ingresar a las universidades públicas constituidas y reconocidas.

Frases sin disfraces

“Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto”. Georg C. Lichtenberg, científico y escritor alemán.

Comentarios: belin.alvaro@gmail.com

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