Hora Libre

A Winckler y sus cómplices les cayó la noche

Mientras sus abogados gestionaban amparos y un sinfín de recursos para echar atrás la decisión de la Comisión Permanente del Congreso local de separarlo temporalmente del cargo, Jorge Winckler Ortiz no perdía el tiempo: desde el inicio tomó la sana decisión de ver los toros desde talanquera.

Por más que lo han buscado los elementos de la Fiscalía para cumplir con la orden de aprehensión en su contra librada por un juez el sábado por la noche, no se le ha visto ni la sombra, y hay quienes afirman que ya se esconde en algún lugar de Norteamérica, un ejemplo que, al parecer, han seguido sus más cercanos cómplices, perdón, colaboradores, quienes ni siquiera acudieron a reclamar el pago de la primera quincena de septiembre.

            Dice el dicho que el valor se acaba cuando media una orden de aprehensión. Desde su postrera conferencia de prensa a principios de septiembre, luego de ser suspendido temporalmente, se le vio taciturno, sin la beligerancia que inundaba casi a diario los medios con golpes al gobierno estatal (nunca a la delincuencia), y no ha vuelto a asomar la cabeza.

No le anima ni los torpes intentos por salvarle el pellejo, emprendidos por diputados locales que presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su separación del cargo de Fiscal, sustentándola en un documento sin validez oficial.

En efecto, el 17 de septiembre diputados locales y federales recurrieron ante la Corte tratando de echar abajo el argumento del Congreso para su separación: la falta del obligado certificado de evaluación y control de confianza. Para ello, presentaron un documento más falso que su defensa de la supuesta autonomía del Fiscal.

El documento fue expedido el 26 de agosto (una semana antes de su salida) por la sicóloga Sandra Concepción Sánchez Guevara, directora general del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la propia Fiscalía de Veracruz, es decir, por una subordinada, cuando las evaluaciones de altos mandos de las instituciones de seguridad pública deben ser realizados únicamente en centros federales acreditados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

Pero lo que se veía venir, llegó, aunque no por un delito que tenga mucha sustancia (aunque es considerado de gravedad), al menos en lo que se conoce: la privación ilegal de la libertad de un empleado del exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras, para obligarlo a ofrecer (o firmar como si lo hubiera hecho) información que hundiera al antecesor de Winckler y diera con su paradero.

Y esta acción involucra no solo a Winckler, sino además a una joven promesa del Derecho en Veracruz que perdió todas sus medallas al acceder a actuar conforme lo ordenaba Yunes Linares, es decir, fuera de la legalidad, Luis Eduardo Coronel Gamboa, quien era fiscal para búsqueda de desaparecidos y, posteriormente, Fiscal en Xalapa; también el corrupto Fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio, Roberto Mora Mil, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desparecidas; Sergio García Celis, policía ministerial, y Uriel Rodrigo González. Todos ellos, involucrados en el secuestro del exchofer de Luis Ángel Bravo.

Podrían sumarse otras causas penales contra Winckler y compañía

En todo caso, las acusaciones y causas penales vendrán en cascada. Habrá que recordar las pruebas presentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en mayo pasado contra Jorge Winckler, Luis Eduardo Coronel Gamboa e, incluso, el exsecretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, en un caso de tortura en contra de una persona que se encontraba en prisión.

Según la CEDH, “en la investigación acredita que durante las madrugadas de abril y mayo del 2018, Eduardo Coronel Gamboa, en aquel momento Fiscal Especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas y que actualmente se desempeña como Fiscal Regional en Xalapa, ingresó personalmente al penal de Pacho Viejo en la ciudad de Xalapa sin dejar constancia en los filtros de seguridad con la finalidad de fabricar pruebas mediante actos intencionados de sufrimiento, es decir, tortura”. Ante ello, extendió una recomendación a las autoridades correspondientes para “investigar a los servidores públicos señalados para determinar sus responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo a su participación debido a que la tortura es considerada como un delito grave por el derecho internacional”.

A ello habrá que agregar las observaciones realizadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) por el manejo presupuestal en la Fiscalía General; la última, en julio pasado. Según el Orfis, las observaciones a su Cuenta Pública 2018  superan los 18 millones de pesos, debido a inconsistencias en el manejo de los recursos que van desde asignar montos superiores a lo ejercido en diversas obras, hasta transferencias bancarias cuyo destino no fue comprobado no hallaron a sus beneficiarios.

Los montos observados en el rubro financiero fueron del orden de 9 millones 766 mil 573 pesos, mientras que por la parte técnica fueron 8 millones 867 mil 812 pesos; ello significaría el delito de daño patrimonial y uso indebido de los recursos públicos.

Por otra parte, Lucía Díaz Genao, representante de Solecito, dijo que el colectivo confía en que la justicia resuelva las denuncias que se han interpuesto en contra de los ahora exfuncionarios y prófugos de la justicia, pero también que se considere la falta de acción que mantuvo la FGE en materia de desaparecidos durante los últimos tres años.

“Nosotros damos la bienvenida a esa orden de aprehensión que viene con un importante rezago porque desde cuando hubiéramos querido que empezaran a hacer justicia con ese grupo de criminales que se erigió como una pandilla; en tres años no hicieron ningún tipo de investigación en los casos de nuestros desaparecidos”

Anunció además que el colectivo interpondrá una denuncia penal en contra de Winckler Ortíz y de Coronel Gamboa, por omisiones en los casos de personas desaparecidas, y añadió que se debe hacer justicia por las arbitrariedades que cometieron en sus cargos en contra de las víctimas de desaparición en Veracruz.

El que sigue faltando en la lista de la justicia es el jefe máximo de esta banda criminal, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Orfis, continuidad estratégica 

Los números son contundentes, los resultados son inobjetables y el trabajo habla por sí mismo del cambio en positivo que ha experimentado el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) bajo la tutela de Lorenzo Antonio Portilla Vásquez quien en 2012 llegó a hacerse cargo de un organismo con limitado protagonismo y escasa confianza ciudadana.

A medida que comenzaron a trascender e impactar las irregularidades en las que incurría el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, la actuación del Auditor General del Estado fue crucial para documentar el desfalco y actuar en consecuencia.

Portilla Vásquez ha asumido el mismo proceder en la revisión de las Cuentas Públicas 2017 y 2018 correspondientes al gobierno bianual de Miguel Ángel Yunes Linares.

Precisamente al originario de Soledad de Doblado no le gustó que el Auditor General del Estado denunciara las irregularidades cometidas en la contratación del sistema de videovigilancia que implican algo más de mil millones de pesos. La reacción de Yunes Linares en junio pasado fue iracunda e insultante contra el titular del Orfis, quien “aguantó vara” sin involucrarse en el juego provocador del exgobernante que celebraba el actuar del Ente Fiscalizador cuando se trataba de ir contra Duarte de Ochoa, aunque no exhibió la misma actitud cuando se identificaron las anomalías financieras en su minigobierno.

Hace unos días, el director general de Asuntos Jurídicos del Orfis, Oscar Ocampo Acosta, informó que en la gestión de Portilla Vásquez se ha logrado recuperar mil 658 millones de pesos que habían sido desviados por funcionarios públicos. También se sabe que existen 129 procesos de investigación derivados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, de los cuales, 79 continúan en el proceso de investigación.

Y el próximo jueves 26, el Auditor Lorenzo Portilla Vásquez presentará ante el Congreso del Estado los Informes de las auditorías de Legalidad y de Desempeño, los Informes Especiales y los Informes por los Exhortos que fueron notificados por el Congreso del Estado.

Se trata de un compendio de mil 600 auditorías a 328 dependencias para la Cuenta Pública 2018, en la que se darán resultados de la fiscalización a los poderes públicos: Legislativo, Ejecutivo, con sus dependencias y entidades, y Judicial; de los organismos autónomos, de la Universidad Veracruzana, de los municipios y de las entidades paramunicipales.

Este podría ser el pasaporte que valga su continuidad estratégica pues sabe cómo seguirle la pista a los desvíos, sabe recuperar los recursos y sabe domar al Blue Demon. Estos tres factores aseguran el golpe letal de la 4T al reducto yunista.

Comentarios: belin.alvaro@gmail.com | http://formato7.com/author/abelin/

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