Causas y efectos

Abogados reclaman justicia

*Reprobados en pandemia
*Notoria escalada de robos
*Tensión en Ingenio Potrero

En el transcurrir de las últimas horas, diversos organismos formales integrados por especialistas en el ejercicio de la abogacía y los derechos humanos, así como núcleos de la sociedad civil en lo general, han elevado (y los abogados lo seguirán haciendo) el más firme llamado tanto al Gobierno de la República como al de las diversas entidades federativas de nuestro territorio nacional, para asumir medidas apropiadas que permitan erradicar los hechos de barbarie que constituyen los escalofriantes escenarios de linchamientos, práctica que se ha tomado ya como una especie de “perversas tradiciones” en algunas regiones del país, como acontece en determinadas zonas de los Estados de Puebla y Veracruz, así como en otros sitios de nuestro territorio nacional, referencias de criminal perversidad que incluso resultan inconcebibles, sobre todo en un país que dispone de una Constitución de las más completas y humanistas del orbe, al tiempo que su población refiere profundos valores religiosos, principios y cultura que son colocados en notorio entredicho, ante las ejecuciones practicadas por turbas que convocan y ejecutan el linchamiento de quienes incluso, con frecuencia, no son responsables de ninguna actividad delictiva.

Los escenarios registrados en la región del Estado de Puebla identificada como “San Nicolás Buenos Aires” (ubicada a un costado de la autopista Xalapa-Perote-Puebla) apenas la tarde noche del pasado domingo, donde fueron ejecutados a golpes y quemaduras la abogada Edmunda Adela Martínez Velázquez y su compañero de viaje de nombre Arturo, apuntan sobre los alarmantes desajustes psicosociales que privan en diversas regiones del país, así como la presencia de frustraciones y tendencias destructivas que se generan no sólo por la aguda desigualdad social, sino también por una inclinación de aparente poderío entre ciertos núcleos de la colectividad, que al emanar de frustraciones por problemas socio económicos, originan tumultos de elevada capacidad destructiva, que incluso atentan contra la vida de quienes son blanco de sus virulentas acciones.

Son los soplos del huracán originado por criminales desfogues de sectores regularmente aislados del desarrollo integral e invadidos de resentimientos, incluyendo la degradación de los valores humanos, aparejados al descuido de las autoridades para fomentar el bienestar y la cultura del apego a la legalidad, lo que sumado otorga curso a linchamientos aderezados con elevados niveles de crueldad, hechos que al mismo tiempo obligan a la interrogante sobre, el dónde estaban las autoridades que en todo conglomerado social (pequeño o metropolitano) debe existir y operar con eficacia, en protección no sólo de los de casa, sino de todo aquel que lo requiera.

En todo dantesco escenario de tales referencias, siempre, invariablemente surge por parte de quienes representan a los cuerpos de seguridad, que la turba ejecutora al arrancar la vida de las indefensas víctimas, rebasa la capacidad de las fuerzas del orden y, desde tales niveles hacia arriba, todos se declaran como impotentes ante la inmanejable muchedumbre enardecida, escenarios que nunca deberían ser argumentos para justificar la no intervención de las autoridades locales.

Y qué le decimos como valedera explicación al colectivo social ante actos criminales ejecutados e, incluso filmados y documentados, sobre la “vigencia” de la “legalidad y la justicia”… Qué le podríamos  argumentar a los hoy dolientes y moralmente afectados hijos, familiares y amigos para “justificar” los hechos que degradan el derecho a la vida… Qué lección les brindamos al mundo, sobre nuestra tierra de volcanes, de imponentes culturas y a la vez vergonzantes, espantosos y criminales linchamientos… Cómo justificar lo que constituye claramente una inaudita injusticia y a más de ello, un hecho de terrible barbarie en su proceso de criminal ejecución…

¿Acaso no son criminales los que ejecutaron tales hechos y, de la misma forma, los que como autoridad no hicieron nada para impedirlo?…

¿Ya arribarían las autoridades superiores a la región de San Nicolás Buenos Aires? no sólo para investigar, levantar actas y generar boletines de prensa sobre el proceso, sino para cumplir con la fundamental que es aclarar los hechos y deslindar responsabilidades, al tiempo de proceder y ejecutar las detenciones inmediatas de quienes están involucrados, en ese escenario infernal que reclama justicia por parte de toda la sociedad veracruzana y que ya retumba en ámbitos internacionales.

Martirizar de la manera más cruel e inhumana y asesinar a un inocente… ¿No es un delito mayor que debe sancionarse con la privación de la libertad y el confinamiento en centros penitenciarios de alta seguridad?… Y si las víctimas son dos ¿no se debe aplica doble sentencia?…

Organizaciones de abogados veracruzanos e incluso licenciados en lo particular, a los cuales se les han sumado profesionistas de todo el país e incluso del extranjero, están refiriendo públicamente su profunda preocupación por el asesinato despiadado de la apreciada licenciada en Derecho y graduada en otras profesiones Edmunda Adela Martínez Velázquez, así como de su compañero de viaje, escenarios que deben ser investigados y sancionados con puntualidad de acuerdo a las leyes…

Incuestionablemente, la inmediata respuesta de organizaciones integradas por Licenciados en Derecho, organismos de elevado prestigio y reconocimiento incluso internacional, ante las informaciones de la barbarie en referencia, apuntan sobre el los ya devastadores escenarios de inseguridad y quebrantamiento a las leyes, que deben de ser frenados enérgicamente por las autoridades… pero muchos reflexionan que mientras continúen los abrazos, proseguiremos en el desarrollo de la barbarie.

Impecable, irreprochable, oportuna y aprovechable para la colectividad veracruzana y de todo el país, es la referencia firme y severa de protesta y de reclamo al respeto de las leyes y de la vida, que realizan los distintos organismos integrados por profesionales del Derecho, ante los intolerables escenarios registrados 

Lo que se lee

Incuestionablemente y fundamentados en lo que ya se aprecia en otros países e inclusos en algunas regiones de tierras mexicanas, el “rebrote” de los efectos pandémicos con dimensiones semejantes a las que ya registramos, constituye una posibilidad que en ningún momento se debe descartar, por lo que las medidas sobre todo de auto protección por parte de la colectividad tienen que prolongar su vigencia, panorama sobre el cual se tiene que reflexionar con toda serenidad, que mientras no existan vacunas plenamente efectivas y, a más de ello, en cantidades suficientes, el coronavirus seguirá generando estragos directamente a nuestra salud e indirectamente a la economía.

Todo hace indicar que en los cuatro años que le restan al actual sexenio gubernamental encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, habrán de continuar en los marcos del tema pandémico y sus efectos colaterales, como el renglón central de atención tanto por su tendencia mortífera, como por los efectos colaterales en lo que se refiere a la economía y fuentes de empleo.

Bajo tales perspectivas, en México como en muchos otros países del mundo, habrá que estandarizar nuevos usos y costumbres porque está visto que, la ausencia de disciplinas estrictas de autoprotección, otorgan curso al incremento en el número de contagio que en significativo número de casos conducen a la muerte.

Es indudable que en la historia Actual habrá de quedar referido un antes y un después de tiempos pandémicos, escenarios que serán evaluados e investigados por las venideras generaciones y, probablemente la calificación no resulte aprobatoria.

Lo que se ve

Podrían resultar escenarios increíbles, pero las estadísticas refieren que pese al aislamiento y el confinamiento de familias en sus viviendas, como medida de auto protección frente al coronavirus, el número de robos a casas-habitación se ha incrementado, lo que es indicador no sólo del decrecimiento económico en la actividad comercial, sino que el número de ilícitos en tierras veracruzanas en lugar de registrar disminución refiere un mayor crecimiento.

Obviamente, tales escenarios delincuenciales impactan negativamente la administración gubernamental que priva tanto a nivel nacional, como en los estados y los municipios, reclamo que fue fundamental en los comicios federales y estatales anteriores, para que se registrara un golpe de timón por parte del electorado, quienes siguen esperando el fruto de su determinación en el renglón de seguridad.

Lo que se oye

Que se está aplicando de manera disfrazada un aparente cambio de personal en el Ingenio Central Progreso, una de las empresas azucareras insignias en ese ramo agro-industrial, hecho que obviamente está generando irritación en los ámbitos laborales de la región central veracruzana, escenario que bien valdría registrara la intervención acelerada por parte del Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dado que en nada le convendría a la economía veracruzana, que se sumaran mayores problemas financieros y productivos, a un ambiente ya de por sí afectado como resultado de la pandemia… Atender y resolver antes del estallido, ésa debe ser la política actual.        

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