DE TLATELOLCO A AYOTZINAPA: UNA HISTORIA CIRCULAR

El 68 fue el histórico punto de partida que transformó nuestro país para bien y para mal. Es decir, nos acercó a la vida democrática, pero, también a los abismos de la violencia criminal gestada desde las entrañas del Estado.

 

Como decía Cicerón, el pueblo que desconoce su historia, está condenado a repetirla. De ahí la relevancia de reflexionar sobre el quincuagésimo aniversario de la matanza de Tlatelolco y su evolución que conllevó al crimen aún sin resolver de Ayotzinapa.

 

En ese sentido, si revisamos rápidamente la cronología de estos últimos cincuenta años, veremos el paulatino debilitamiento del Estado ante la macrocriminalidad, o sea, la mutación del narcotráfico, en los hechos, en el cuarto poder. De acuerdo con el libro De Tlatelolco a Ayotzinapa: las violencias del Estado (2016) de Sergio Aguayo, la referida transformación se desarrolló en tres periodos:

  1. De 1969 a 1985. Se debilita el presidencialismo autoritario; se redujo la violencia estatal hacia los opositores pacíficos, pero se mantuvieron los métodos brutales contra quienes tomaron las armas, de ahí la célebre definición del autoritarismo mexicano que hizo Mario Vargas Llosa, en 1990, describiéndolo como “la dictadura perfecta”. Asimismo, la compleja apertura de México al mundo favoreció el diálogo y la transformación pacífica, aunque también el ingreso del crimen organizado aprovechándose de la desidia estatal;
  2. De 1981 a 2000. El ejército empezó a poner condiciones para salir del cuartel a intimidar a opositores pacíficos; en 1985 desaparece la tan temida Dirección Federal de Seguridad para dar paso a la creación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Estos dos acontecimientos facilitaron los límites al uso de la fuerza. Y las primeras pruebas de fuego fueron el conflicto en Chiapas con el EZLN, en 1994, y la oposición, en San Salvador Atenco, Estado de México, a la construcción de un nuevo aeropuerto, en 2002;
  3. De 2000 a la fecha. Con Vicente Fox se perdió la valiosa oportunidad para combatir en serio la corrupción, la impunidad y la sanción penal a quienes habían usado ilegalmente la violencia del Estado. En opinión de Sergio Aguayo (2016), de haberlo hecho, tal vez, se hubiera frenado el crecimiento de las bandas criminales. Con Felipe Calderón explotó la olla de presión con la fallida guerra contra el narco que dejó más de 100,000 muertos, la cual careció de estrategia y organización, además de una lamentable indiferencia hacia el costo humano. Enrique Peña Nieto, cuya campaña fue cimbrada por el movimiento #YoSoy132, el cual le cuestionó el uso excesivo de la fuerza en los acontecimientos de Atenco, perdió la guerra contra el narcotráfico (Lorenzo Meyer, 2018). Prueba de ello es que la tragedia de Iguala es la consecuencia de que, en México, hay dos estados: el encabezado por el presidente y el regido por el crimen organizado.

 

De manera sucinta, hemos visto, desde el alcance social, el devenir de la protesta de sectores como los campesinos y estudiantes universitarios a lo largo de 50 años, así como los mecanismos del Estado para controlarla. No obstante, la transición iniciada en 1968 se pervirtió por diversos factores. Uno de ellos es la metamorfosis de los grupos de porros en algunas instituciones como la UNAM o el IPN. Para muestra, revisemos con detenimiento la semblanza de Alejandro Echavarría “El Mosh” (1999-2000) o las recientes agresiones de porros denunciadas por la UNAM ante la PGR. Si bien, el 2 de octubre no se olvida, no olvidemos tampoco que, hoy, aquellos estudiantes reprimidos, y que sobrevivieron a los ya conocidos acontecimientos, tienen más o menos 70 años y son pocos los que han conservado su rebeldía porque el Estado, siempre hábil, tuvo la capacidad de absorber a muchos y simplemente mediatizar a otros para que olviden aquella conciencia contestataria. Los movimientos, como el del 68, no se miden por los miles de jóvenes que “cambiaron de camisa” en la primera oportunidad o porque muchos de sus líderes diez años después, hayan comenzado a escalar cargos dentro de los diferentes gobiernos o partidos. Los movimientos sociales valen o trascienden por su participación y por su significado: el movimiento ferrocarrilero; la huelga médica; las protestas contra los fraudes electorales en 1988 y 2006; el levantamiento zapatista; las batallas de la CNTE; el gran movimiento de Oaxaca o el #YoSoy132. Importa poco que los líderes, al final, se hayan vendido y traicionado o que puedan hacerlo en el futuro; lo importante es lo que el movimiento aporta o ayuda para el desarrollo de la conciencia de lucha de las masas. Y no puede ser de otra manera. La carrera no es de 100 metros planos, sino de 10 mil. Como el ejemplo de tren: unos suben otros bajan y otros continúan de acuerdo al camino escogido (Pedro Echeverría, 2009).

Ahora bien, a 50 años del movimiento estudiantil de 1968, el caso de Ayotzinapa abre una herida que parecía comenzar a sanarse y demuestra que, en nuestro país, la historia parece repetirse interminablemente con nuevos personajes y contextos, a manera de un déjà vu o vidas pasadas que retornan. Por ejemplo, en el 68, fue evidente la presión del gobierno norteamericano, ante la proximidad de los Juegos Olímpicos de México, para que Díaz Ordaz controlara la situación mediante el brutal uso de la fuerza. En Ayotzinapa, algunas indagaciones apuntan a la injerencia de la DEA en una investigación encubierta de los mecanismos de operación del cártel de Guerreros Unidos, particularmente, en el transporte de drogas a través de autobuses.

Otra coincidencia es la aceptación de ambos sucesos por los entonces presidentes de la república, mediante una «verdad histórica». De hecho, Díaz Ordaz dijo: “Estoy orgulloso del año de 1968, porque me permitió salvar al país”. Por su parte, Enrique Peña Nieto, en su sexto Informe de Gobierno, afirmó que “el pendiente no reside en la investigación profunda y amplia que hizo la Procuraduría General de la República, sino en la actitud de familiares de los 43 normalistas desaparecidos que dudan de la autoridad”. Como quiera que sea, se aprecia una premura por dar carpetazo a los referidos eventos. La diferencia radica en que, por años, se intentó convencer a la opinión pública de que las transgresiones de Tlatelolco habían prescrito. Sin embargo, en 2002, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Procuraduría General de la República que iniciara una averiguación previa para determinar la existencia de delitos cometidos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Por ello concedió amparo a los ex dirigentes del Consejo Nacional de Huelga Raúl Álvarez Garín, José Gilberto Piñeiro Guzmán, César Tirado, Roberto Vázquez Camarena y Roberto Escudero, contra los actos del director general del Ministerio Público Especializado de la PGR, que el 10 de noviembre de 1998 resolvió que no procedía iniciar una averiguación por los presuntos delitos de genocidio, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, por considerar que estaban prescritos.

En el segundo caso, luego de una reunión con los padres de los jóvenes desaparecidos hace cuatro años en Iguala, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador refrendó su compromiso de investigar qué pasó con los estudiantes porque sólo así se fortalecerán las instituciones. Asimismo, anunció que el primero de diciembre de este año emitirá un decreto presidencial que dará a origen a la Comisión de la Verdad para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero.

Ojalá ese sea el punto de cierre de la serpiente que se muerde la cola en la repetitiva historia de gobernabilidad sustentada en el crimen, y evolucione hacia una gobernanza al servicio del pueblo. Por eso, coincido con Héctor Domínguez Ruvalcaba, quien, en su libro Nación criminal (2015), sostiene que la criminalidad ha de interpretarse a partir de la incompetencia del Estado y como forma de control social.

Una historia circular que va de Tlatelolco “en el lugar del montón de arena”, en lengua náhuatl, a Ayotzinapa, “río de calabacitas”, topónimos que coincidieron en el equinoccio de otoño de sus respectivos años de represión de un régimen que parece agonizar.

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