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Considerado como el “Vito Corleone” del sindicalismo, residuo de aquellos cacicazgos que dejó como escuela Fidel Velázquez y arrastrando, cual espectro con largas cadenas, un rosario de denuncias en su contra que lo involucran con defraudación a los obreros azucareros por el orden de los 21 mil millones de pesos, Enrique Ramos Rodríguez, sigue tan campante ahora en la CTM estatal, donde fue reelecto para un nuevo periodo el pasado 22 de febrero en asamblea plenaria celebrada en Boca del Río, sólo acompañado de los pocos allegados, sin mujer alguna en el comité que lo habrá de acompañar.

Reelecto por su nuevo “padrino” Joaquín Gamboa Pascoe a quien parece convenir tenerlo como simple figura en la central obrera veracruzana y solo respaldado por sempiternos dirigentes de federaciones a quienes también conviene seguir perpetuándose en el poder, Ramos Rodríguez no tiene forma alguna de defender a los obreros veracruzanos, mucho menos ganar posiciones políticas en el PRI, partido que segregó desde hace décadas a centrales obreros y campesinas que aportaban el voto duro al tricolor.

Uno de ellos, Modesto Trujillo, dirigente azucarero de la Sección 23 del ingenio El Potrero, no oculta su idolatría al viejo dirigente a quien en tribuna y en actos públicos llama “maestro”  y “padrino”, pese al daño patrimonial que dejó Ramos Rodríguez en las arcas del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana.

Jaime Anaya, de la federación regional cetemista de Córdoba, cuando se le preguntó hace varias semanas porqué apoyaría su reelección sólo acertó a decir: “Porque está al pendiente”, aunque no dijo de qué o para qué.

Lo que sí es un hecho es que la Alianza Azucarera 19 de Junio que preside el obrero disidente Carlos Luna Barradas sigue presionando a la Procuraduría General de la República para que finque responsabilidades contra Enrique Ramos por el cuantioso daño perpetrado en agravio de miles de obreros, constituido en 15 fideicomisos.

En documentación entregada a Sucesos de Veracruz, Luna Barradas, del ingenio San Miguelito da a conocer en forma extensa la cauda de denuncias en contra del impune líder.

Las denuncias se radicaron en las averiguaciones previas 1378/FESPLE/2001, 235/FESPLE/2002 y 700/2003-3 en las oficinas de la PGR del estado de Morelos.

Carlos Luna señala que las investigaciones ministeriales no fueron transparentes, ya que después de año y medio los funcionarios federales se declararon incompetentes.

Los implicados en la dolosa resolución son el que fuera en ese entonces Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha; el Sub Procurador Gilberto Higuera Bernal; el titular del Ministerio Público Especializado, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, el agente del Ministerio Público,  Fernando Torres Lobera y el delegado Estatal de la PRG en Morelos, Martín Rubio Millán .

La declaración de incompetencia de las autoridades federales permitió que Enrique Ramos Rodríguez evada hasta la fecha la acción de la justicia y rinda cuenta a trabajadores azucareros sobre el destino de los recursos millonarios de los 15 fideicomisos que componían su patrimonio: A la fecha sólo quedan 3.

Además se le acusa de haber desaparecido la cantidad de 30 millones de pesos que le entregó en su momento Miguel Alemán Velasco, como gobernador de Veracruz para que se construyera el ingenio número 23, que se llamaría El Jícaro, en el municipio de Tierra Blanca, proyecto que ni siquiera llegó a los cimientos porque Ramos Rodríguez esfumó el dinero.

El dirigente de la Alianza Azucarera 19 de junio explica que los 15 fideicomisos se constituyeron en el año 1956 hasta el año 2000.

“En marzo del 2003 la PGR se declaró incompetente y turnaron los expedientes al PGJDF y a la Procuraduría del Estado de Morelos. Los recursos para la formación de estos fideicomisos son las aportaciones de los Empresarios Azucareros en cada zafra y los descuentos de los Trabajadores a sus salarios”.

La Cámara de las Industrias Azucareras y Alcoholera presento al STIASRM un estudio sobre los costos históricos de los fideicomisos: actualizado a julio del año 2000 arrojaban un total de $21 mil millones de pesos.

La Cámara de la Industria Azucarera y Alcoholera enviaba los recursos al Fideicomiso concentrador administrado por Financiera Nacional Azucarera (FINA) quien se encargaba en destinarlos al STIASRM a través del Banco Obrero.

Relevante es la desaparición de los recursos millonarios que se administraron en el Fondo de Protección Familiar, fideicomiso que desapareció en 1992 y el Fideicomiso de Casa que es el que mayores recursos recibió y hasta la fecha siguen reclamado vivienda miles de ex trabajadores azucareros.

Entre las disposiciones destaca que: “Los fideicomisos y sus productos no podrán ser aplicados a fines distintos del objeto para el que fueron creados”.

Las pruebas presentadas por la Alianza Azucarera 19 de Junio, entre otras son: copia certificada, de solicitud de Enrique Ramos Rodríguez a José López Trejo,

Gerente de Banca Sindical del Grupo Financiero Afirme, por un cargo a la inversión No. 132013799, para el STIASRM-Trabajadores del Bagazo, con un cheque por $1,227,653.98, a favor de BIOTECNOLOGÍA Y DERIVADOS DE MÉXICO, S.A., empresa quebrada por el hijo de Enrique Ramos; estos recursos fueron obtenidos de las aportaciones de los fideicomisos depositados en BANCA AFIRME, el 27 de noviembre de 1997.

Copia certificada, de documento firmado por Enrique Ramos Rodríguez,donde informa al Grupo Financiero BANORTE que se constituyeron garantías hipotecarias en proporción de 2 a 1 respecto al crédito que fue otorgado al Sindicato Azucarero por la cantidad de 20 millones de pesos, garantizadas con producto de los fideicomisos.

Copia certificada, solicitud de Enrique Ramos Rodríguez al licenciado Jorge López Pérez, director de la zona IV de la Banca  Comercial por un préstamo de 10 millones de pesos para gastos en la terminación de la construcción del Ingenio “Juan Díaz Montalvo”, ubicado en el municipio de Tierra Blanca, obra que nunca inició y ni se construyó el ingenio referido.

Copia certificada, Escritura Pública número de inscripción 378, sección comercio del  10 de noviembre de 1996, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Orizaba Veracruz,

firmada por Lucila Antonio de Jesús encargada de este organismo público para la conformación de la Sociedad Anónima Grupo Recreativo San Miguel que se fusionó con Transportes Turísticos MIYA S.A DE C.V siendo el presidente del Grupo Recreativo San Miguel Enrique Ramos Rodríguez mientras que en la sociedad con Transporte Turísticos MIYA  aparece como vocal.

Esta prueba se presentó en la Averiguación Previa 235/FESPLE/2002, Mesa 18.

Banca Afirme, niega todo información, aduciendo al secreto bancario.

Lo extraño es que Banorte negó tener fideicomiso alguno de los azucareros los cuales estuvieron en el desaparecido Banco Obrero que pasó a ser propiedad de Banorte junto con La Afianzadora Obrera y Aseguradora Obrera.

En marzo del 2003 la PGR se declaró incompetente y turnaron los expedientes a la PGJDF y a la Procuraduría del Estado de Morelos. La PGJDF nunca citó a declarar a Enrique Ramos Rodríguez, violando el proceso y resolviendo no ejercer acción penal alguna en contra del defraudador.

Carlos Luna Barradas dirá: “Nunca aplicaron los procedimiento normativos para la integración de las averiguaciones previas. Se negaron a aplicar las medidas de apremio a los Bancos AFIRME y BANORTE al negar los informes de los movimientos de los Fideicomisos aduciendo al secreto bancario”.

“Pido se investiguen a fondos los actos de corrupción y defraudación denunciados porque beneficiaron a Enrique Ramos Rodríguez cuando fungió como Secretario General del STIASRM.

“El sistema jurídico en México debe dar una respuesta a los ex trabajadores de la industria azucarera sobre cuál es el destino de los 15 Fideicomisos, de aproximadamente $21 mil millones de pesos, es decir de $2 mil millones de dólares”.

No se puede postergar más la verdad histórica sobre los actos de corrupción en el sindicalismo mexicano.