La cultura de emprender es definitiva para el crecimiento de una nación. Al través de la historia es la empresa privada la que ha sido capaz de generar empleos e ingreso en forma permanente. Ser emprendedor, además, propicia para éste la posibilidad de fundar y desarrollar su propia empresa en lugar de resignarse a ser asalariado.

Asistí la semana pasada a la Feria Nacional del Emprendedor y me encontré con muy gratas sorpresas. En primer lugar constatar que el Gobierno de México tiene una auténtica política de Estado para apoyar a todas aquellas personas que tienen una idea emprendedora y deciden llevarla a cabo. Asimismo, observar la enorme diversidad de negocios, algunos llamados del futuro, que existen en México y que están contando con el apoyo del Gobierno de la República.

El INADEM, Instituto Nacional del Emprendedor, apoya a quienes se deciden a emprender o ampliar su empresa, poniendo especial enfásis en los jóvenes y las mujeres, pero considerando también a las personas de 50 años y más que tengan esta inciativa.

Los apoyos consisten en capacitación, asesoría y orientación permanente, pero desde luego también se apoya a los emprendedores de manera económica, al través de tres mecanismos: 1)Financiamiento con créditos con bajas tasas de interés; 2)Subsidios que apuestan a proyectos productivos; y 3)Capital para aquellas empresas que no tienen historial ni capacidad para endeudarse.

De este modo, cualquier ciudadano mexicano que quiera abrir un negocio puede obtener el apoyo del INADEM para financiarlo. Este instituto ya ha canalizado apoyos para más de 700 mil empresas y ha colocado más de 5 mil millones de pesos para respaldar su inicio o crecimiento.

Fue muy grato ver allí a miles de personas, sobre todo jóvenes y mujeres que están confiando en su capacidad para emprender. Esto es muy importante porque significa que, como dice Robert Kiyosaki, han perdido el miedo que ata a las personas a depender permanentemente de un salario y los hace capaces de generar dinero en vez de que solo trabajen por un salario.

Esta feria ya es reconocida por ser la más grande del mundo y, sobre todo por el formato que logra realmente aportarles conocimientos y apoyos concretos a miles de mexicanos y mexicanas que desean construirse su propia emancipación económica. Por ello les sugiero a quienes tengan algún tipo de iniciativa empresarial, ampliar esta información en la página del inadem.gob.mx, donde podrán iniciar el contacto hasta obtener los apoyos que requieren para cumplir sus proyectos.

 

Durante el informe que rendí el pasado domingo 3 de septiembre, advertí que el gobierno del estado tenía una clara estrategia electoral para utilizar la pobreza en lugar de combatirla.

Dije entonces que para Miguel Ángel Yunes, los pobres son simplemente sufragios por cooptar. Una semana antes, ya me había anticipado que va por los votos de 300 mil familias mediante el programa “Veracruz Comienza Contigo”. Pero resulta que en su inmoral ambición, ha aprovechado los daños causados por el huracán Katia para mostrar su rostro más perverso.

Con absoluto cinismo, violentando toda normatividad oficial en materia de protección civil y asistencia social, ha salido a las calles a cambiar los votos del próximo año por despensas.

El gobierno federal, como también lo ha hecho en otros estados que resultaron afectados recientemente por el huracán Katia y el sismo del jueves pasado, destinó a Veracruz apoyos para las familias que habrían perdido sus viviendas o que tendrían necesidades alimentarias a causa de estos fenómenos.

Sin embargo, este apoyo institucional fue entregado ilegalmente por el gobierno del estado a los operadores electorales panistas para hacerlo llegar, como si fuera propaganda del PAN, a los más pobres en desgracia. La farsa fue de tal manera organizada que los vehículos en que fueron distribuidos ni siquiera contenían la imagen del las autoridades estatales, sino de los promotores del voto azul que trasladaron las despensas con calcomanías que contenían la leyenda "Yunete".

Los gobiernos de Javier Duarte y de Miguel Ángel Yunes son lo mismo. Los veracruzanos aún recuerdan sus críticas feroces a los programas sociales apodados “ayuduarte” . Hoy Miguel Ángel Yunes actúa de peor manera al abusar de la desgracia para, de manera indecente y sin el menor pudor, poner el color de su nuevo partido e insinuar su apellido en los apoyos entregados a los damnificados del huracán Katia.

En esta ocasión, utilizando la desgracia de miles de veracruzanos damnificados, Miguel Ángel Yunes trata de meter hasta por los poros de la gente pobre, el color de su nuevo partido y su apellido. Y aunque yo también soy Yunes, mi carga genética no contiene esa perversidad para utilizar el enojo de la gente para ganar una elección y el dolor de la población enmedio de la desgracia para comprometer votos futuros.

Es necesario que las autoridades investiguen y sancionen estas prácticas que atentan contra la dignidad del ciudadano y pervierten la responsabilidad del gobierno para atender a los damnificados por una tragedia

No podemos caer nuevamente en el engaño oficial que sólo busca instaurar una monarquía improvisada y pasajera para seguir empobreciendo a Veracruz.

 

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La mañana de ayer domingo tuve la oportunidad de rendir mi Quinto Informe de Labores Legislativas como Senador de Veracruz. Lo hice convencido de que debemos contribuir al empoderamiento de los ciudadanos, y que sea la rendición de cuentas una condición ineludible para los servidores públicos.

Hoy la Cámara de Senadores ha dejado de ser la exclusiva representación de los estados en el pacto federal para convertirse en una herramienta eficaz de gobierno.

Fue un encuentro muy emotivo. Tuve la oportunidad de informar ante los ciudadanos y representantes de los más diversos sectores políticos y económicos y sociales reunidos en el Club de Leones de la ciudad de Veracruz de manera detallada sobre las tareas que he desarrollado para dar viabilidad y certeza al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

Otra de las actividades que he realizado con pasión y orgullo ha sido a favor de los veracruzanos migrantes en Estados Unidos. Hace tres años iniciamos un gran proyecto llamado Casa Veracruz que hoy tiene representación de ambos lados de la frontera. Hemos fortalecido los lazos con las familias que están en nuestra tierra, pero también los hemos apoyado en la vida cotidiana que realizan en ciudades como Los Angeles, Houston, Laredo en Estados Unidos, y Tijuana y Ciudad Juárez en México.

Pero debo reconocer que en estos cinco años, los retos han sido más grandes que los logros. El desempeño del gobierno, de los partidos políticos y las instituciones no satisface a la colectividad y esta desconfianza deriva del ejercicio pernicioso del poder público. 

Es necesario que hagamos una reflexión profunda sobre lo que actualmente sucede en Veracruz y a los veracruzanos.

Veracruz no merece lo que está pasando. Nuestro estado vive hoy su peor crisis, producto de la ominosa corrupción del gobierno que recién salió y profundizada por la incapacidad absoluta de la actual administración estatal. 

El autodenominado llamado “Gobierno del cambio” ha resultado una gran estafa. Veracruz nunca había enfrentado una crisis tan grave como la que hoy vive en materia de deuda pública, de pobreza y de inseguridad. No es casualidad que ocho de cada diez veracruzanos reprueban su gestión y que no reconozcan ningún avance.

No debemos olvidar que quien hoy nos intenta gobernar, en campaña se vendió a sí mismo como justiciero, pero hoy aplica una justicia selectiva, llegando al extremo de vender impunidad a quienes había señalado a cambio de lo que se conoce como el “vómito negro”.

No obstante su compromiso de no contraer deuda pública durante su gobierno, la actual administración estatal en sólo cuatro meses solicitó préstamos a instituciones bancarias por 11 mil millones de pesos.

Además, Veracruz recibe 23 por ciento más de participaciones. Los ingresos públicos alcanzaron durante el primer semestre del año más de 55 mil millones de pesos; esto es, 7 mil 568 millones más de lo que el gobierno anterior recibió en el mismo periodo de 2016. 

A finales del mes de junio, según lo reportó la propia Secretaría de Finanzas, el gobierno tenía en bancos 8 mil 455 millones de pesos que hoy se encuentran “sudando” en un sauna financiero, no para convertirse en obras sino en votos.

Por ello, anuncié que el próximo jueves presentaré ante el pleno de la Cámara de Senadores un Punto de Acuerdo para hacer un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el marco de sus facultades  revise el mecanismo financiero y los términos pactados en la negociación, así como el costo beneficio para las finanzas del Estado.

Como la mayoría de los veracruzanos, estoy convencido de que Veracruz no es un estado pobre, sino un estado empobrecido. Por eso no debemos abandonar la plaza ni claudicar  en la aspiración de seguir sirviendo a Veracruz y a México.

No debemos construir el futuro de Veracruz sobre las ruinas que nos han dejado. Tenemos que poner de pie una vez más a este gran estado. Cumplir esa tarea, Yo sí puedo.

 

Mucho se ha escrito sobre las condiciones que hoy enfrentan millones de migrantes veracruzanos, a consecuencia de las nuevas políticas migratorias del gobierno de los Estados Unidos de América. Lo cierto es que, más allá de las disposiciones que establezcan las autoridades, su estancia ha sido un reto permanente.
 
Encontrar un trabajo estable y bien remunerado, padecer situaciones de racismo y discriminación, regularizar su situación legal para acceder a servicios de salud y de educación, o sortear la impredecible actuación de las autoridades migratorias, son algunas de las cosas que tienen que enfrentar todos los días. Sin embargo, los veracruzanos no le temen a los Estados Unidos de América.
 
El pasado viernes, como cada año, tuve la oportunidad de asistir en la ciudad de Los Ángeles, en California, a la cena que ofrece la Federación Veracruzana USA, una de las actividades más relevantes de la Semana Veracruzana 2017. Haber sido nombrado Presidente Honorario de esa organización por tercer año consecutivo, fortalece mi convicción de que debemos mantener un vínculo inquebrantable de los veracruzanos con su tierra y sus familias.
 
A partir de mi encuentro con mi amigo Ángel Morales Mora, quien encabeza esta organización en aquél país, he comprendido cada vez mejor de la importancia que representan los veracruzanos que viven en Estados Unidos de América. Me dio mucho gusto encontrar a mis paisanos más organizados, realizando trabajos cada vez más calificados, pero sobre todo, aportando a la economía, la sociedad y la cultura de aquél país.
 
Por esa razón, el gobierno mexicano y la sociedad de nuestro país no debe permitir jamás calificativos que nos ofendan y nos denigren. El progreso de Estados Unidos no se puede entender sin el aporte de estos migrantes.
 
Hablar de construir un muro que nos divida nos plantea una contradicción casi imposible de entender. La economía estadounidense, sus empresas y muchos de sus ciudadanos dependen de nuestro país en la misma medida que nosotros lo hacemos con ellos.
 
Hoy que se ha iniciado la renegociación del Tratado de Libre Comercio, NAFTA como lo conocen allá, ha quedado claro que entre los dos países hay un vínculo que va mucho más allá de lo comercial o de lo político. Basta recordar que cada año, alrededor de 8.3 millones de norteamericanos visitan nuestro país; hay 2 millones de norteamericanos que radican en México y 35 millones de personas de origen mexicano que radican en Estados Unidos.
 
Eso implica que tengamos realidades irrefutables: una frontera de 3 mil kilómetros, lazos culturales e integración económica. Diariamente un millón de personas y 437 mil vehículos transitan de manera ordenada y lícita a través de los 58 cruces fronterizos entre nuestros países.
 
Nuestra relación comercial bilateral alcanza más de 530 mil millones de dólares. Cada minuto se comercializa entre ambas naciones más de 1 millón de dólares. Pero lo más importante: seis millones de empleos en Estados Unidos dependen del comercio con México. Los mexicanos –y particularmente los veracruzanos- no han llegado a Estados Unidos a quitarle el trabajo a nadie, por el contrario, han movido una economía que necesita de millones de migrantes para seguir creciendo.
 
El encuentro con mis paisanos fue estupendo. Gracias a esta organización, a estas actividades culturales que buscan preservar nuestras tradiciones, es que ellos –contrario a lo que pretende hacer el gobierno norteamericano-, han roto las fronteras y han hecho que los veracruzanos sean ciudadanos universales. Hacen que se conozca lo mejor de nosotros, de nuestra gente y de nuestra tierra.
 
Sin embargo, muy pocas veces nos damos cuenta de las dificultades que enfrentan. La mayoría de ellos me han dicho que este año ha sido particularmente difícil, porque la situación económica y las nuevas disposiciones de la política migratoria los ponen en franca desventaja. Me expresaron su temor por las redadas y deportaciones masivas que ha emprendido el gobierno de Donald Trump, sobre todo entre la comunidad hispana. Y eso sucede cada día.
 
Pero también escuché muchas voces de confianza. Los veracruzanos, en cualquier parte de los Estados Unidos de América –y particularmente en la zona de Los Ángeles-, son una comunidad que se ayuda y se respeta. Los niños y jóvenes acuden a la escuela y se emplean en trabajos que les ayuda a la economía familiar. El cambio generacional es evidente: cada vez son más y mejor preparados.
  
Durante este evento, me dio mucho gusto coincidir con los alcaldes electos de Xalapa, Hipólito Rodríguez (Morena); de San Rafael, Luis Daniel Lagunes (PAN/PRD); de Teocelo, Mario Chama (PES); y de Coscomatepec, Serafín González (PAN/PRD). A ellos, mi afecto y reconocimiento por el compromiso que adquieren con nuestros paisanos radicados en el país vecino.
 
A todos nos reúne la solidaridad con nuestros paisanos y el interés por mantener vigentes los vínculos con nuestra tierra, y frente a eso, no puede haber diferencias políticas.
 

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En Veracruz he tenido la oportunidad de desempeñar relevantes responsabilidades de la administración pública. Eso me ha permitido recorrer el estado infinidad de veces; conozco todos los municipios veracruzanos y una gran mayoría de las comunidades que los integran.
 El carácter y el espíritu de los veracruzanos ante la adversidad no dejan de sorprenderme. Dicho en el sentido más positivo, los veracruzanos estamos acostumbrados a ver a la tragedia de frente, a convivir con ella de manera cotidiana; hemos aprendido a enfrentarla y a superarla. No hay un capítulo en la historia que haya logrado doblegar nuestra voluntad y nuestra esperanza.
 La madrugada del jueves, el huracán "Franklin" impactó las costas centrales de Veracruz, justo entre los municipios de Vega de Alatorre y Alto Lucero. Como parte de las operaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Gobernación autorizó la declaratoria de emergencia en 71 municipios de la región costera que abarca de Papantla a La Antigua, entre ellos, San Rafael y Nautla. 
Como todos los veracruzanos, estuve atento al desarrollo de este fenómeno natural y los efectos que tendría en la población, tanto en sus bienes materiales como en sus actividades productivas. Los informes emitidos por las autoridades federales, establecen que "Franklin" provocó lluvias que rebasaron por mucho la capacidad de las cuencas de los ríos en Tecolutla, Misantla y Nautla.
 De acuerdo a la evaluación de daños preliminar, la zona de San Rafael y Costa Esmeralda fue la más golpeada por el huracán. Hasta este fin de semana, algunas colonias y comunidades aún no tenían servicios de energía eléctrica ni de agua potable. En la región de Actopan, también se registraron cuantiosos daños a la agricultura.
 Por esta razón, decidí suspender mi participación en la XXII Asamblea Nacional de mi Partido, el PRI, y acudir a los municipios de San Rafael y Vega de Alatorre para sumarme, como lo he hecho en las ocasiones anteriores, al trabajo de evaluación de daños, y hacer las gestiones necesarias para que las personas vuelvan a sus actividades productivas lo antes posible.
Haber presidido la Comisión de Protección Civil en el Senado de la República, me hizo más sensible a estos casos y aprendí servir de mejor manera a los afectados, gestionando ante las instancias competentes los apoyos requeridos para hacer frente a las afectaciones por dichos fenómenos meteorológicos.
Si bien hay perdidas que lamentar y atender, me parece que lo más destacable es que no hubo pérdida de vidas humanas, gracias a la responsabilidad preventiva de los habitantes de la región y a las autoridades de los tres niveles. Sin embargo, debemos poner todos nuestros esfuerzos en recuperar las viviendas de las personas, la infraestructura para que puedan comunicarse y apoyar a los productores que perdieron sus cosechas y a sus animales. La tarea apenas comienza.
 Pero vuelvo a mi comentario inicial. La fuerza y la voluntad de los veracruzanos es un verdadero ejemplo a seguir. Junto con muchos productores de plátano y maíz, recorrí sus cultivos. Tras la tormenta, el clima era estupendo pero el panorama desolador; todos los sembradíos habían sido arrasados, perdiendo las cosechas y toda la inversión y el trabajo que eso significa.
Debo decir que no escuché lamentaciones, no encontré caras tristes o de desesperanza, sino la voluntad de coordinar esfuerzos para recuperar lo perdido. Los habitantes de las zonas afectadas no están esperando que el gobierno les resuelva todos sus problemas, sino que se han puesto a trabajar, como lo hacen siempre que suceden estos fenómenos. Lo que sí piden y con justa razón, es que las autoridades cumplamos con nuestra responsabilidad. Nada más, pero nada menos.
 Lo que sigue es trabajar. En los próximos días, atendiendo las propuestas hechas por los propios pobladores y productores de esta región, atentos a la aplicación del seguro catastrófico que prevé entre otras instancias, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para estos casos; y en la búsqueda de los apoyos para los productores ganaderos afectados y la reparación de las carreteras afectadas por el huracán.
 
 Respecto a las casas que resultaron afectadas y a quienes se quedaron temporalmente sin techo, ya solicitamos el apoyo del gobierno federal, mismo que fue autorizado de inmediato. Asimismo, quiero agradecer el apoyo, solidaridad y la responsabilidad social del delegado federal de la SAGARPA, Octavio Legarreta, quien me acompañó a recorrer la zona afectada y anunciar el apoyo de 2,500 pesos por hectárea con pérdida total de Platano y de 1,500 por hectárea de maíz. 
 
Una vez más, la tragedia ha servido para hacer de Veracruz un ejemplo de trabajo y esperanza.

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Muchas regiones de Veracruz y de otras latitudes del país viven hoy situaciones de violencia inéditas. Cada vez más, los ciudadanos se sienten inseguros, lo mismo en las ciudades que en las zonas rurales. Es un fenómeno que debemos entender y enfrentar, pero que de ninguna manera se puede convertir en parte de nuestra vida cotidiana. La violencia no está en nuestra naturaleza. 

Esto lógicamente tiene un gran impacto en el desarrollo de nuestras actividades económicas. Los ciudadanos requieren de condiciones de seguridad para realizar su trabajo, para asistir a las escuelas, para atender sus negocios y desarrollar el comercio, para realizar actividades que hagan producir el campo y, en general, para disfrutar de un entorno social de tranquilidad para sus familias. 

En el caso particular de las zonas rurales, es muy importante que estas condiciones de seguridad se cumplan. Y lo es, porque ahí se encuentra la fuerza de nuestro sector primario. Del campo nos alimentamos y obtenemos una gran riqueza. No importa si vivimos en ciudades grandes o pequeñas, o en cualquier comunidad, dependemos directamente del campo para subsistir. 

La seguridad es una obligación del Estado a la que todos tenemos derecho. Y en ese sentido, es que debemos buscar alternativas de organización institucional y participación social que nos permita mitigar los efectos de la violencia y la delincuencia. 

Por eso es muy importante que las acciones que se emprendan en contra de ambas, se hagan dentro de la ley. No podemos, bajo ningún argumento, violentar nuestro marco jurídico porque entonces corremos el riesgo de convertirnos precisamente en lo que buscamos combatir. 

En este propósito se reconoce la existencia de los cuerpos de defensa rurales en muchos de los estados del país. Por supuesto que el Estado y el gobierno federal no pretenden combatir la violencia con más violencia, sino por el contrario, organizar a los ciudadanos para que contribuyan a este esfuerzo por la paz social y el orden público. 

Según su reglamento –en el que se establece con claridad sus obligaciones, derechos y responsabilidades-, los Cuerpos de Defensa Rurales (CDR) son unidades constituidas por ejidatarios organizados, equipados y adiestrados, para que cumplan con eficacia en tareas muy específicas que tiene que ver con la conservación del orden y seguridad pública en el campo, el cuidado de la riqueza nacional y en las operaciones de auxilio en casos de desastre o emergencias.

La naturaleza de estos cuerpos de seguridad no admiten confusión. Están organizados en unidades armadas, equipadas y adiestradas, con instrucción de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) integradas con personal voluntario de ejidatarios mexicanos por nacimiento y que no adquieran otra nacionalidad. Son considerados como un apoyo de carácter extraordinario a nuestras fuerzas armadas. 

Dentro de las obligaciones de las Defensas Rurales, destacan las de vigilar las regiones y su entorno, lo que desde luego contribuye a mejorar las condiciones de seguridad. 

Su propósito es contribuir a la solución de los problemas, por ello, la ley es muy clara respecto a sus facultades, por lo que, por ejemplo, no pueden realizar labor de policías, no obstante en caso de flagrantes delitos pueden aprehender a los delincuentes y ponerlos a disposición de las autoridades; tampoco tienen la atribución de hacer cateos, ni de ingresar a domicilios de personas sin su consentimiento. Tampoco pueden operar fuera del ejido al que pertenecen, circunscribiendo su actuar en pro de la seguridad a la población donde se encuentren establecidos. 

La integración de estos cuerpos de defensa rurales ha servido como solución en muchas regiones del país, gracias a que quienes las integran son personas honorables y reconocidas dentro de su propia comunidad, que se conducen con la responsabilidad que se requiere, conscientes de que el personal de ejidatarios que integran dichos cuerpos, quedará sujeto al fuero de guerra, cuando se encuentre desempeñando actos del servicio que le sean encomendados. 

Como un estímulo a la labor desempeñada por los miembros de las defensas rurales, el Ejército Mexicano otorga reconocimientos y condecoraciones a aquellos que realicen actos de valor y mérito extraordinarios. 

Ante la situación que prevalece en muchas regiones rurales de Veracruz, la integración de esta figura de defensa es una opción viable y necesaria, que complementa los esfuerzos que realiza el gobierno federal a través de sus fuerzas armadas. En Veracruz no queremos más violencia, y los cuerpos de defensa rurales podrían ayudarnos a alcanzar este propósito.

 

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La construcción de autopistas mediante el modelo de asociaciones público y privado se realiza en prácticamente todo el mundo. Representa un modelo de negocio que permite abrir espacios participación para la iniciativa privada y optimizar la operación y mantenimiento de carreteras concesionadas. 

México requiere de nuevas y mejores vías de comunicación, por ello, el gobierno ha diseñado tres modelos de participación para atraer capital privado a la inversión en carreteras: concesiones, proyectos de prestación de servicios y aprovechamientos de activos. 

Actualmente, el modelo más utilizado es el de las concesiones, el cual permite desarrollar infraestructura, incrementar montos de inversión, elevar la calidad,eficiencia y productividad de los servicios y adecuar la distribución y administración de riesgos en este tipo de infraestructura. Es algo que ha funcionado muy bien y que se debe seguir haciendo. 

En este modelo, el gobierno efectúa una aportación inicial con recursos públicos, a través del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI). De esta forma, laconcesión se otorga al licitante que solicite el menor apoyo económico del gobierno. El plazo de concesión es hasta por 30 años, el máximo permitido por la ley. 

Uno de los temas que más interesan a los concesionarios y a los usuarios de las autopistas es el tema de las tarifas de peaje. Estas se determinan en función del aforo vehicular, y las inversiones de los concesionarios, es decir, la tarifa que los usuarios están dispuestos a pagar para circular en la vía. 

Vale decir que el precio promedio por kilómetro en las autopistas de México es de 1.74 pesos mexicanos, lo que resulta alto, respecto a otros países de América Latina, como Colombia y Uruguay, donde cuestan 0.8 pesos mexicanos por kilómetro. 

La tarifa sirve para que con esa recaudación, los concesionarios puedan cumplir sus obligaciones, como la conservación, mantenimiento y operación de la vía. Cuando alguien invierte en una carretera de peaje, recupera la inversión por medio del cobro. Una vez cumplido el periodo de la concesión y la empresa ha recuperado su inversión y el margen de utilidad correspondiente, estas autopistas pasan a ser parte del gobierno federal. 

Hasta ahí todo está bien. Pero, ¿qué ocurre cuando este modelo de asociaciones público y privado se pervierte y se convierte en un gran negocio para una autoridad en detrimento de los usuarios y de las finanzas estatales? 

El jueves pasado, el Congreso local aprobó la ampliación, por 30 años más, de la concesión a la empresa Concesiones y Promociones Malibrán, SA de CV, para la operación y explotación del Libramiento de Plan del Río. Esta empresa ya contaba con una concesión por un mismo periodo que vence en el año 2023, por lo que a partir de esa fecha contará con otros 30 años para cobrar el uso de la vía. 

Como lo dije con oportunidad, se trató de un madruguete del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, a quien por mucho tiempo se le ha señalado de mantener intereses en sociedad con esta empresa, propiedad de una familia del puerto de Veracruz. 

El lodo empieza a salir por las alcantarillas de la autopista. Por ejemplo, el gobierno estatal no tendría que haber solicitado una ampliación de la concesión sino hasta que esta cumpliera su plazo. Hacerlo de esta manera, es acceder en el presente a recursos futuros que le corresponden al estado y no a esta administración. Ha sido una bursatilización disfrazada. 

El segundo punto, como lo dijo el propio gobernador del Estado el fin de semana, es que esta ampliación podría representar a las finanzas de Veracruz un ingreso aproximado de mil millones de pesos, los cuales se utilizarían para otras obras de infraestructura, a pesar de que también, con este propósito, solicitó el aumento al 3% del impuesto a la nómina. 

Un objetivo informe financiero indicaría que por esta autopista circulan alrededor de 10 mil autos diarios –con un costo peaje promedio de 80 pesos, considerando que tráileres y autobuses pagan mucho más-, lo que le genera ingresos a la concesionaria superior a los 800 mil pesos al día. Si esto lo multiplicamos por 365 días al año, nos arroja una cifra de 292 millones de pesos. 

Esto quiere decir que en 30 años, la concesionaria tendría ingresos superiores a los 8 mil 760 millones de pesos, mientras que a las arcas del gobierno sóloingresarían mil millones de pesos. Eso sin contar la nueva ampliación de la concesión por otros 30 años. Un negocio floreciente en medio de las dificultades económicas que enfrenta Veracruz. 

Los números no mienten, el gobierno estatal sí. Tratar de atribuir esta decisión así como el cálculo de la contraprestación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es un solo un distractor respecto del evidente conflicto de interés que prevalece entre el Gobernador y la empresa concesionaria. 

De esta forma, el libramiento de Plan del Río sería un gran negocio… por la libre.

Una de las ofertas de la actual administración fue precisamente que habría orden en las finanzas y que los recursos se ejercerían no sólo con transparencia, sino con base en un modelo de evaluación de resultados, similar al que se aplica desde hace una década en el gobierno federal.

Pero si el gobierno anterior dejó al estado de Veracruz en la ruina, la actual administración estatal se ha propuesto llevarlo a las cavernas. Contra todo principio de planeación y ejercicio financiero, se decidió prescindir de un presupuesto formal –tal como lo debió haber aprobado el Congreso- en el que se establezcan metas y objetivos perfectamente definidos. Esta prerrogativa corresponde hoy sólo al Gobernador del Estado.

Y en este criterio unipersonal de ejercer el presupuesto, se ha echado por la borda todos los compromisos establecidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2016-2018, con lo que el gobierno ha violado flagrantemente la Ley de Planeación, aprobada ya en esta administración. En su artículo cuarto bis, se establece que para los efectos de esta ley, se entenderá por Plan Estatal de Desarrollo el documento en el que se plasman objetivos, metas, estrategias y prioridades de ejecución del desarrollo integral del Estado.

A ocho meses de su inicio, nadie sabe si estos objetivos, metas, estrategias y prioridades forman parte de las tareas del gobierno y cuánto presupuesto se ha asignado para su cumplimiento. Hasta ahora lo único que se conoce son los informes simples del ejercicio del gasto, pero ninguna de las cuestiones que plantea la ley y el PVD. Lo anterior lo denunció el propio presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso Local, el diputado perredista Sergio Rodríguez, lo que le costó la presidencia de esa Comisión.

El Plan Veracruzano de Desarrollo ha sido un instrumento de política pública ineficaz. No es vinculante, por tanto su cumplimiento no es obligatorio; tampoco hay sanción si no se cumple con lo que ahí se establece. Hasta hoy, sólo ha servido al lucimiento político del gobernante. Es el traje invisible del monarca.

En noviembre pasado, siendo aún gobernador electo, Miguel Ángel Yunes presentó el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018. Sin embargo hasta ahora, no ha quedado en claro si las obras y acciones que se proponen tienen correspondencia con las capacidades financieras y presupuestales del Estado, de lo contrario, se convertirá en una falsa promesa que ya ha sido olvidada.

Y no se tenía que inventar el hilo negro. Desde hace más de una década se introdujeron cambios sustantivos en el gobierno federal; se establecieron obligaciones para evaluar los resultados de los programas sociales y los logros obtenidos por las entidades federativas y los municipios con recursos federales. El modelo de Presupuesto Basado en Resultados (PBR) se ha convertido en la esencia de la Administración Pública Federal.

El PBR está alineado al Plan Nacional de Desarrollo, de tal manera que programa o acción que no se inscriba en alguna de sus tres estrategias transversales para alcanzar las cinco metas nacionales, está destinado a desaparecer. Para lograr esto, se introdujo además, una metodología única para la elaboración de una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a partir de una Metodología del Marco Lógico (MML). Acá, todo se reduce al ruido ensordecedor de la “licuadora”.

En sólo ocho meses ya llevamos dos secretarios de Finanzas, el desorden administrativo continúa, y la deuda sigue creciendo, lo que viene a confirmar que el ejercicio financiero es igual o peor que con su antecesor, es decir, aplicado de manera discrecional sin el mínimo orden ni pulcritud.

En este contexto se inscribe el nombramiento de Guillermo Moreno Chazzarini como nuevo Secretario de Finanzas, a quien a partir de hoy lo identificaremos como el Secretario Osterizer, porque será el encargado –a falta de un Presupuesto de Egresos autorizado por el Congreso-, de ejercer el presupuesto como lo ordene el Gobernador, reactivando la famosa licuadora, generando una sola bolsa de recursos federales y estatales para cubrir las necesidades al libre albedrío.

Hoy el gobierno estatal ejerce un presupuesto base cero. Pero no aquél que consiste en identificar paquetes de decisión y clasificarlos según su orden de importancia, mediante un análisis de costo beneficio. En nuestro estado, este presupuesto base cero se refiere sólo al discurso oficial de que “no hay dinero”, no obstante que el actual gobierno, el auto llamado "gobierno del cambio" recibe el 23% más de participaciones federales que el gobierno anterior. Es decir, Miguel Ángel Yunes tiene más dinero que Duarte, bueno, quise decir más presupuesto.

A Veracruz y a los veracruzanos nos urge un sistema de planeación que permita ejercer su millonario presupuesto con base en resultados y no a la decisión unipersonal del Gobernador. Así, no sólo se está aplazando la salida a la crisis, se está agudizando.

 

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La globalización económica y el comercio digital han traído grandes beneficios a países, empresas y personas. Actualmente, podemos comprar por internet casi cualquier cosa, a cualquier hora, en cualquier lugar, y pagarlo con múltiples opciones de banca electrónica. Sin embargo, esta nueva era digital trae consigo sus propias letras diminutas: el fraude bancario y el robo de identidad.

Con la aparición de nuevas tecnologías el robo de identidad se ha convertido en la modalidad delictiva que más ha crecido en los últimos años. Los fraudes en contra de los clientes de la banca son cada vez más complejos y sofisticados, ya que se cometen por medios electrónicos principalmente.

Este problema afecta al sistema financiero en su conjunto e inhibe el desarrollo de la banca electrónica. Así, lo mismo hemos escuchado que algunos de los bancos más importantes de todo el mundo han sido defraudados por hackers cibernéticos, que cualquier ciudadano común de nuestro país ha sido víctima de la clonación de su tarjeta bancaria. A nueve de cada diez mexicanos nos preocupa ser víctimas de un fraude electrónico.

No es un problema fácil de resolver. Tras de sí está la presencia de una serie de conductas delictivas individuales –lo que ha motivado una serie de reformas a la legislación en materia financiera-, pero al mismo tiempo, se trata de acciones colectivas que rebasan las fronteras de los países y se convierten en un verdadero reto para el sistema financiero global.

Los datos que hoy tenemos en México nos muestran un problema complejo que no podemos ignorar: En abril pasado, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) nos informó que el número de casos de posible fraude se elevó de 4 millones 23 mil en 2015 a 5 millones 376 mil en 2016.

Esto ha generado un gran conflicto entre los bancos y sus clientes. Tan solo el año pasado, los usuarios presentaron más de 7.2 millones de quejas en reclamo de poco más de 21 mil millones de pesos. Éstas quejas se refieren principalmente a cargos no reconocidos en consumos que no realizaron, por cheques mal negociados, retiros no reconocidos, suplantación de identidad, y transferencias no reconocidas, entre otras. Ésta es la octava cifra más alta en todo el mundo.

En cuanto al robo de identidad, en 2016 se registraron 78 mil 788 posibles casos. Ésta cifra, según la misma institución, disminuyó con respecto al año anterior, cuando se reportaron poco más de 100 mil casos, pero su número casi duplica la cifra de 2012. Esto refleja que el gobierno y el sistema bancario han tomado medidas adecuadas pero no suficientes para prevenir y sancionar estos delitos.

Los expertos aseguran que el robo de identidad se realiza en dos pasos: alguien roba la información personal de la víctima y posteriormente, los delincuentes usan esa información para hacerse pasar por las persona y cometer los fraudes. A esto también se le conoce como suplantación de identidad.

Según la “Guía para Prevenir el robo de identidad” del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), hay tres tipos de métodos comunes para el robo de identidad: aquellos que se realizan de forma tradicional, sin acceso a internet; los que sin acceso a internet se apoyan de alguna herramienta tecnológica; y, finalmente, los que se realizan con acceso a internet.

Por supuesto que la solución no se encuentra en inhibir el uso del internet. México vive hoy un gran crecimiento económico y comercial gracias a éstas herramientas y eso ha impulsado a empresas y particulares, abriendo sus fronteras y capitalizando el valor de los productos nacionales.

Basta decir que tan solo el año pasado se realizaron 83.16 millones de compras con tarjeta en comercio electrónico en México, más del doble respecto a las 38 millones del año anterior. La propia Condusef informó que el monto de las compras por Internet pasó de 52 mil millones en 2015 a 78 mil millones de pesos al año siguientes, 
lo que significa un incremento de 50 por ciento.

Sabemos que no bastan leyes más duras en el castigo de quienes cometen fraudes bancarios o robo de identidad; hace falta que los bancos fortalezcan sus sistemas electrónicos de seguridad y una mayor cultura por parte de los usuarios de la banca. La moraleja no puede ser más clara; Debemos no sólo administrar de la mejor manera nuestras finanzas personales sino que, además, debemos evitar que la modernidad y las nuevas tecnologías sean utilizadas en contra de nuestra economía.

 

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Sobran razones para asegurar que la Universidad Veracruzana es una de las instituciones más sólidas y respetables de Veracruz.

Nuestra Máxima Casa de Estudios reúne lo mejor de la inteligencia de nuestro estado y forma a los profesionistas que están destinados a dirigir el destino de nuestro estado en las próximas décadas.

Yo soy un egresado de la Universidad Veracruzana. Por eso puedo dar testimonio de que además de la necesaria formación universitaria, la UV es nuestra herramienta más importante para conocer el camino de la ciencia, la cultura y la investigación; pero también tiene una función de liderazgo social que contribuye a la cohesión comunitaria, al debate público y al desarrollo de las más diversas áreas del conocimiento.

La Universidad Veracruzana es el reflejo de lo que somos, pero al mismo tiempo, de lo que queremos ser.

En estos tiempos de cambio, los objetivos de la formación universitaria están orientados hacia una formación integral. Por ello, es necesario innovar, escoger nuevos caminos de enseñanza y aprendizaje, después de un proceso de reflexión y planificación.

No podemos darnos el lujo de la autocomplacencia cuando las necesidades de miles de jóvenes, y de la propia Universidad, nos exigen de un mayor compromiso.

No podemos permitir que el conflicto social, la crisis económica o las diferencias políticas alejen a nuestra universidad de sus propósitos más importantes.

Como lo he dicho antes, la Universidad Veracruzana debe consolidarse como un agente activo de desarrollo socio-económico, que garantice la democratización del conocimiento.

Es así como nuestra Máxima Casa de Estudios ha contribuido a la solución de los problemas de Veracruz. De ahí que es impostergable que todos veamos por su futuro y las soluciones que requiere.

En este sentido, es responsabilidad del gobierno del estado de Veracruz que la Universidad Veracruzana cuente no sólo con los recursos suficientes para garantizar su viabilidad en el largo plazo -entendiendo que la función educativa no se limita sólo a su matrícula-, sino también, debe impulsar su infraestructura, la investigación, el desarrollo tecnológico y su vinculación académica con otros centros de estudios del país y el extranjero.

Hoy en día es una institución reconocida en los ámbitos nacional e internacional por sus logros y sus importantes avances en diferentes rubros de su desempeño institucional. Por ello, ante la necesidad de fortalecer nuestra Universidad, no hay excusa posible. La administración estatal debe cumplir con sus responsabilidades y atender lo que establece la ley en cuanto a la asignación de su presupuesto.

Brindar educación superior a miles de jóvenes veracruzanos es una obligación del Estado. La visión patrimonialista atenta contra la dignidad de la Universidad Veracruzana, de sus estudiantes y sus maestros. Estos nuevos incumplimientos del gobierno estatal de liquidar los adeudos pendientes e incrementar el presupuesto de la Universidad, ya se refleja en una reducción de oportunidades para que más jóvenes puedan ingresar a la Universidad, lo que pone en riesgo la calidad educativa, compromete la realización de las tareas sustantivas de la institución, además de incumplir con algunas de las obligaciones laborales de miles de docentes, investigadores y trabajadores administrativos. Su autonomía está hoy en entredicho por la difícil situación financiera por la que atraviesa.

Veracruz requiere de una universidad moderna e innovadora. De una Casa de Estudios que genere investigación y conocimiento para que este se convierta en el motor de la transformación social de Veracruz. Queremos que la Universidad siga formando a nuestros nuevos médicos, ingenieros, pedagogos, arquitectos, biólogos y abogados. Que ofrezca a nuestra sociedad el trabajo calificado de administradores públicos y economistas. Queremos que la Universidad Veracruzana siga siendo un referente en las artes y la cultura.

La educación superior debe seguir siendo un modelo de movilidad social. Debe contribuir todos los días a la formación de ciudadanos con conciencia crítica, conocimientos, competencias y valores, promoviendo la investigación a todos los niveles, de docentes y estudiantes para alcanzar la tan anhelada evolución de nuestra cultura en sus manifestaciones más diversas. Mirarlo de otra manera no sólo sería mezquino, si no que nos estaríamos robando la posibilidad de un mejor futuro para los más de 60 mil jóvenes que cada día asisten a sus aulas.

Hoy que el proceso de elección del nuevo Rector está en marcha, es hora de que la Junta de Gobierno y la comunidad universitaria trabajen para lograr la Universidad que requiere Veracruz en el presente y en el futuro.

 

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