La administración pública  en sus tres niveles de gobierno, integra; estrategias, acciones y políticas públicas, bajo el principio de planeación, programación y presupuestacion,  evaluación, mir e indicadores;  siendo sus referencias la normatividad legal partiendo de las constituciones políticas nacional y local, siendo su aplicación a través de las leyes, códigos y reglamentos.

De esta manera el 27 de abril de 2016 se publicó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para un manejo sostenible de las finanzas públicas.

Dentro de la Ley de Disciplina en su artículo 4º. Establece que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) emitirá las normas contables necesarias para asegurar la congruencia con la de Disciplina Financiera; incluyendo los criterios a seguir para la elaboración y presentación homogénea de la información referida en la misma.

Para dar cumplimiento el 11 de noviembre de 2016 el CONAC emitió los “Criterios para la elaboración, presentación homogénea de la información financiera en los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”.

En base a estos lineamientos la presentación financiera cambia y tenemos nuevas condiciones que aplicaran los entes `públicos descritos solo que en diversos tiempos estos criterios tienen por objeto dar cumplimiento a la presentación homogénea, en su estructura, contenido y en formatos.

Su ámbito de Aplicación son las  entidades federativas; sus poderes ejecutivo, legislativo, judicial, organismos autónomos, municipios, organismos descentralizados, empresas de participación estatal y municipal mayoritaria, y fideicomisos, así como cualquier otro ente que estas entidades tengan control.

Punto importante se refiere a la información financiera periódica y cuenta pública anual que se entregue a la unidad fiscalizadora y al congreso.

Dentro  de Consideraciones Generales establece que habrá proyecciones financieras, que incluyen para el caso de los entidades federales cinco años y para los municipios tres años, para ello deberán considerarse las premisas empleadas en los criterios generales de política económica a que se refiere en su artículo 2 fracción cuarta la Ley de Disciplina Financiera.

El lineamiento hace una distinción para aquellos municipios menores a 200 mil habitantes y cita que para conformar las proyecciones económicas contaran con el apoyo de la Secretaria de Finanzas.

La elaboración de los formatos se hará en forma trimestral por parte de las entidades federativas y municipios y en forma acumulativa, deberá publicarse en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; en el caso del cumplimiento anual se incluirá la Cuenta Pública y la Ley Ingresos y el Proyecto del Presupuesto de Egresos. 

Establece los siguientes anexos.

Estado de situación financiera, con  8 formatos desde balance hasta presupuesto y proyecciones económicas 5 y 3 años y proyecciones actuariales.

Instructivo llenado de formas.

Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios.

 Instructivo para el llenado de las guías señaladas en el inciso precedente, con indicadores presupuestarios, cualitativos, cuantitativos y de deuda pública. 

En los artículos  transitorios de estos criterios  precisa los tiempos de aplicación para las entidades federativas y municipios:

TERCERO.- En el caso de las Entidades Federativas, las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 deberán incluir, como corresponda, los Formatos 7 de los presentes Criterios; de conformidad con lo establecido en las fracciones II y IV del Artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Asimismo, deberán incluir los Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal, que señala el Artículo 5, fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; así como la Descripción de Riesgos Relevantes y Propuestas de Acción para Enfrentarlos, establecidos en el Artículo 5, fracción III de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

CUARTO.- En el caso de los Municipios, las iniciativas de Ley de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 deberán incluir, como corresponda, los Formatos 7 de los presentes Criterios; de conformidad con lo establecido en las fracciones I y III del Artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Asimismo, deberán incluir la Descripción de Riesgos Relevantes y Propuestas de Acción para Enfrentarlos, establecidos en el Artículo 18, fracción II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

 Podemos concluir que la presentación de la información financiera cambio, eso incluye los prepuestos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2018 para los municipios  que integran la Federación, seguramente puede ser letra muerta como lo es el que señala el artículo 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental de tener un sistema contable en línea y tiempo real Frac VI.

Sera responsabilidad de los nuevos ediles  y del Congreso como reciben estos documentos, con ello se inauguran.                                     JFA 11.11.17

Los meses de octubre y noviembre de 2016 Xalapa estuvo rodeada de  protestas para el Gobierno del Estado por parte de  organizaciones y  particulares que reclamaban el pago de los servicios prestados, obras realizadas, materiales entregados o bien pagos no recibidos por créditos otorgados a trabajadores principalmente de educación.

A estas protestas se unieron los municipios primero los de filiación priista, posteriormente, los del pan y el perrede;   estos dos últimos tomaron el palacio de gobierno,  (Primera vez en muchos años), se dieron el lujo de dormir junto con su líder nacional.

Todos los resultados fueron infructuosos, si bien los atendieron solo quedo en promesas, a los municipios Sefiplan los invito a dialogar y  los refirió a una conciliación, aduciendo que era necesario pues la nueva titular no contaba con información.

El tiempo paso llego la nueva administración, y los municipios no tuvieron solución, situación que prevalece a la fecha, en su generalidad estos optaron por presentar denuncias ante las autoridades judiciales, siempre pensando en el deber legal como responsables de un ayuntamiento.

Al mes de octubre 2017 los ayuntamientos 2014-2018, prevalecían con registros contables por adeudos del Gobierno de Veracruz, por los conceptos de Aportaciones Fisem 2016, por Convenio: Fondos Metropolitanos, Fonadin, Procede y remanentes de la Bursatilizacion del primer semestre 2016 entre otros, que sumados son miles de millones de pesos; importes que seguramente heredaran la administración siguiente.

Pero no todo es negativo los órganos de fiscalización ya dieron su opinión, principalmente el Orfis, quien por conducto de su Auditor General, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla lo manifestó en el Informe del resultado de la Cuenta Pública Consolidada 2017 y el Congreso en su dictamen lo conmino a presentar denuncias públicas contra los funcionarios responsables.

Muchos consideran que el Congreso se adelantó porque el proceso de fiscalización no ha terminado, pero tratándose de un insolventable el juicio les da la razón, pronto veremos estas denuncias.

Antonio partilla les hizo justicia,  a los Ayuntamientos  con  objetividad examino  la Cuenta Pública consolidada que integro Sefiplan, en su observación FP-014/2016/019 DAÑ la  cual refiere al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

La cuenta examinada es la 421282010003, pertenece a la contabilidad de Sefiplan, y selecciono varias cuentas bancarias donde se recibieron y administraron los recursos de este fondo.

La conclusión fue;  se realizaron transferencias entre cuentas del gobierno del Estado (esta es la “licuadora”) por la cantidad de 3 mil 178 millones de pesos, de los cuales se reintegraron a las cuentas especificas 920 millones de pesos, quedando un pendiente de reintegrar de 2 mil 257 millones de pesos.

Aquí el comentario es;

Si se trata de un fondo municipal, del cual Sefiplan es solo un intermediario de distribución en base a ley  local de Coordinación Fiscal, la uso como  sus propios flujos desviándolo,  con el perjuicio para toda un  programa de obras de los municipios, que dejaron  inconclusas y que dio lugar a el Acuerdo absurdo de los Diputados para que estos dispusieron de fondos FISEM  2017;  cayendo en otra ilegalidad, que ahora tendrá que revisar el ORFIS la Cuenta Pública 2017.

Pero la justicia está hecha al concluir el Órgano de Fiscalización:

Como resultado del proceso de fiscalización superior efectuado a las cuentas públicas de 212 municipios del estado se pudo determinar que respecto al fondo de infraestructura social municipal FISEM, los 212 municipios tenían un importe programado de recibir por 5 mil 605 millones de pesos, de los cuales al cierre del ejercicio de 2016, recibieron un importe de 4 mil 117 millones de pesos, y existía un importe pendiente de transferir por parte de Sefiplan  a estos municipios de 1 mil 489 millones de pesos y los detalla:

Mencionare los más importantes; expresados en millones de pesos:

Acayucan 14.2; Altotonga 15.0; Catemaco 11.2; Coatzacoalcos 20.5; Córdoba 19.5; Chicontepec 23.3; Hueyapan de Ocampo 12.9; Ixhuatán de Madero 25.7; Jalacingo 12.4; Las Choapas 26.4; Minatitlán 20.6; Panuco 15.8; Papantla 46.7;  Perote 11.4; Poza Rica 14.9; San Andrés Tuxtla 46.3; Tantoyuca 62.7; Tezonapa 16.2; Tihuatlan 27.1; Veracruz 33.0; Xalapa 32.8; Zongolica 16.8.

Esto lo consiga el Órgano de Fiscalización, no cita responsables, menciona los hechos que es suficiente para darle solidez a los municipios del adeudo que tiene el Gobierno de Veracruz con ellos.

Lo que es evidente son los responsables de este perjuicio que no son otros que los Funcionarios de Sefiplan vinculados con el manejo de los fondos públicos; directamente los de Tesorería,  desde el titular hasta el funcionario (s)  que tenían a su cargo los tokens, y hacia arriba el Subsecretario de Finanzas; el que era de hecho; y sin lugar a dudas el titular de la dependencia, ni duda cabe quienes son.

Veremos las  denuncias y a quien cita el Fiscal, pero los municipios pueden estar tranquilos con sus registros y hechos posteriores.

 

El Instituto de Pensiones tiene el destino que se le pronostico desde fines del siglo pasado, no tiene viabilidad financiera, seguramente derivara en los social y la protección que por ley debe de otorgar.

La razón es la misma; el sistema de reparto y beneficios demanda mucho dinero público para su operación; las circunstancias y el entorno han cambiado:

Mayor esperanza de vida.

Menor número de cotizantes activos y mayor número de trabajadores jubilados.

Edad de jubilación bondadosa, es menor a la del IMSS.

Mayor tiempo de disfrute de la pensión.

El estado confronta problemas de recursos.

La reserva técnica del Instituto esta soportada por el adeudo del gobierno de Veracruz y recuperación de préstamos otorgados; el primer caso en los términos del artículo 98 de Ley de Pensiones.

Disminución de los préstamos a corto plazo que otorga el Instituto.

El Órgano de Fiscalización incluyo en su informe del resultado 2016 un apartado específico al Instituto de Pensiones, así es la relevancia que tiene para la cuenta pública este órgano desconcentrado, incluye información que será publica en cuanto se apruebe el informe. En varias páginas analiza y detalla la gestión financiera y administrativa incluyendo la información disponible de años anteriores partiendo de 2010.

Concluyendo que es responsabilidad de la actual administración:

Recuperar los adeudos millonarios,

Transferir los faltantes a la reserva técnica,

Revisar las bases de cotización que permitan en el mediano y largo plazo dar viabilidad a las pensiones

Apoyarse en el estudio actuarial de fecha 31 de diciembre de 2016, realizado por Valuaciones Actuariales del Norte S.C.; para la toma de decisiones.

Dentro de los datos relevantes los informes destacan:

Existencia de un déficit anual consistente a partir del año 2010, donde los egresos son superiores a los ingresos siendo los más representativos los años 2010 con 928 millones de pesos y 2016 con 951, casualmente son años de cambio de administración.

En el año 2016 los ingresos por concepto cuotas y aportaciones fue de 3,635 millones de pesos; el pago de pensiones y jubilaciones ascendió a 5,954 millones, existiendo un faltante del 39%, cubierto con el subsidio otorgado por el gobierno del estado con 750 millones y con la aplicación de recursos de la reserva técnica de 1 mil 127 millones de pesos.

El organismo registra en cuenta de balance en el reglón de deudores diversos un saldo de 7 mil 887 millones de pesos a cargo del Gobierno de Veracruz, producto de los faltantes anuales, que congruente a la ley en su artículo 98 tiene la obligación de cubrir.

Incluye como deudores a los organismos incorporados y a municipios con un saldo de 804 millones de pesos.

El año pasado al hablar del IPE Antonio Gómez Pelegrin dijo:

“Actualmente existen 28,156 pensionados y 96,618 trabajadores en activo con una relación de 3.5 trabajadores activo por cada pensionado, que es insuficiente para sostener el costo de pensiones y jubilaciones que este tipo de pensiones de benéfico, requiere un mínimo de 12 trabadores activos.

Que la nómina actual es de 400 millones de pesos, que las aportaciones y patrones es de 259 millones mensuales; por lo que el déficit incluido el aguinaldo es de 2 mil 127 millones de pesos; para lo cual tiene un subsidio presupuestado de 750 millones de pesos, por lo que hay un déficit de 1,477 millones que tiene que poner el estado”.

Los números que refleja en informe  del resultado son parecidos_

Trabajadores activos: 96,778, trabajadores jubilados y pensionados 29,563; 3.05 activos por cada pasivo, lo critico es que en 2016 disminuyeron los trabajadores en activo en 1,191 equivalente al 1.2%, por el contrario, los jubilados y pensionados aumentaron en 1,186 que representa el 4.2% nominal; estos números fríos solo indican una tendencia financiera negativa.

La reserva técnica será objeto de análisis futuro; habrá que dejar claro que para Antonio Portilla Vásquez, el Instituto de Pensiones es un cuento viejo, lo conoce en su vida profesional en la Secretaria de Finanzas, en la Contraloría General del Estado y ahora como Auditor Superior;  seguramente sabe que no es viable, pero también que no es cosa fácil

En estas condiciones no tiene futuro, las circunstancias electorales próximas lo salven de la decisión que recomiendan los actuarios.

 

Octubre mes de las mejores lunas, también lo es para los presupuestos; se inicia con el del gobierno federal, continua con las entidades federativas, concluye con los municipios; esta cronología es lógica tomando en cuenta el pacto federal establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.

Los integran los ingresos y egresos, en el primer caso se presuponen a un año con un atributo; que al aprobarse se convierte en Ley, por lo que los mexicanos estamos obligados a pagarlo en los términos del art. 31 Frac, IV de la Constitución Política, será competencia del estado recaudarlo.

Lo contrario sucede con el presupuesto de egresos que presenta el Ejecutivo el cual es autorizado por la Cámara de Diputados, teniendo como fecha máxima el 15 de noviembre, este documento presupone los gastos que se realizan en un año; a diferencia de los ingresos que tiene que recaudarse; los gastos son puntuales.

El presupuesto es parte de un proceso de planeación, programación y presupuestaciòn, enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo y convenios internacionales, que se inicia en el premier semestre del año.

El proceso de planeación-presupuestaciòn en la administración pública es una herramienta fundamental para que el gobierno formule discuta, apruebe, ejecute controle y evalué los resultados de la estructura de la clasificación del gasto público en cada uno de los rubros, de tal manera que se refleje en un crecimiento y desarrollo a nivel macro y microeconómico.

Su ejercicio público tiene una gran importancia debido a su impacto en la economía, desarrollo y en nivel de vida de los habitantes, muestra una parte esencial de la política económica, las prioridades y objetivos del gobierno por las asignaciones de ingresos y egresos que contiene.

La primera parte de la última fase ya se cumplió, al ser aprobado el 19 de octubre por la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Ingresos, enviada a la Cámara de Senadores para su análisis discusión y aprobación, teniendo como fecha máxima para este propósito el 31 de octubre.

El documento enviado previamente por el ejecutivo establecía ingresos por 5 billones 236 mil millones de pesos, de los cuales recaudaría el gobierno federal 3 billones 551 mil millones, correspondiendo a impuestos 2 billones 961 mil millones; otra parte lo harían las empresas y organismos federales, complementándose con deuda pública.

De análisis y discusión de esta propuesta la Cámara de Diputados hizo las siguientes modificaciones. (entre otras):

Se cambia el precio del petróleo de 46.00 usdlls. a 48.50; diferencia 2.50dlls

El precio del usa dólar se establece de $ 18.10 a $ 18.40; diferencia .30cts

Actualización de las tarifas del ISR a personas físicas al haberse acumulado el 10% de inflación desde 2013, conforme a lo estipulado en el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la renta, aplicable a partir del 1º de enero de 2018.El presupuesto de ingresos es deficitario, por lo cual se autoriza un endeudamiento en moneda nacional hasta 470 mil millones de pesos y la contratación de créditos externos por 5 mil 500 millones de dólares.

Se mantiene la proyección de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2.5 por ciento, una plataforma de producción de petróleo de un millón 893 mil barriles siendo de exportación 888 mil barriles diarios.

Se considerarán como no acumulables para efectos del ISR los ingresos por   donativos recibidos a aquellas empresas y fideicomisos que establecieron centros de acopio y de auxilio a la población afectada.

El resultado de los cambios 1 y 2 representa un incremento a los ingresos federales de 43 mil 291 millones de pesos, que serán destinados a financiar las acciones de reconstrucción y de atención a la población afectada, en Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y CDMX, por siniestros ocurrido en el mes de septiembre.

Evaluará la Cámara de Senadores, se pronunciará y en su caso aprobará o modificará lo hecho por los Diputados, a lo cual se dará el seguimiento que marcan los ordenamientos, hasta convertirse en Ley.

Se dará paso la revisión del Presupuesto de Egresos 2018 PEF, y con ello San Lázaro se convertirá en una feria donde acudirán: funcionarios federales, estatales, delegados, gobernadores, legisladores estatales, presidentes municipales en funciones y electos, no pudiendo faltar un mundo de coyotes e iluminados vendedores de humo; donde las estrellas serán los diputados y en especial los que integran la Comisión de Presupuesto; con este evento se cierra un sexenio.

Seguramente si asiste a la Cámara de Diputados encontrara al que menos se imagina haciendo colas y antesalas, ahí el recato no existe y abunda la foto para confirmar el pase de lista.                                                                    JFA 21.10.17

El último año del gobierno de Javier Duarte fue difícil, controvertido y nefasto para la economía y las finanzas del estado, manifestadas plenamente al inicio del año 2016 después de hacer frente al pago del pasivo laboral de los meses de diciembre y enero, que solo ocasionaron nuevos préstamos.

Falto de obra pública, de servicios y con grandes pendientes con los terceros institucionales, la reclamación de cámaras y agrupaciones empresariales se le acumulaban, siendo la respuesta el sistema de paguitos, que provocaban hacinamiento de deudores en las oficinas de la tesorería de Sefiplan.

Por su parte los activos financieros del estado estaban ocupados para atender la enorme deuda pública, como el ramo 28, el FAFET adelantado en el tiempo, el Impuesto  a las remuneraciones al trabajo personal, comprometido en un Fideicomiso específico para infraestructura.

Los estados financieros mostrando cambios importantes en su balance, lo mismo se mantenían cifras poco creíbles hasta otras escandalosas, tanto en el activo como en el pasivo, como fueron los casos de valores pendientes de realización y de pagos pendientes de realizar.

Con resultados electorales definidos y sin respuesta de pago a la deuda circulante, algo que habría que hacer para dar una salida a las presiones empresariales.

 Hubo un o unos iluminados que le sugirieron a Duarte que la salida era fondear la deuda privada con el Impuesto sobre erogaciones comúnmente  conocido como impuesto a la nómina, sin importar que este ya estaba comprometido con el Fideicomiso que atendía los pagos de infraestructura que el propio Comité que Duarte presidia había autorizado, que mantenía un estimado de 600 millones de pesos de adeudo.

De esta manera en el 21 de julio de 2016 se publicó su solución en la  gaceta oficial extraordinario número 290 que contenía:

El  Decreto 899 que diera el Congreso del Estado, por el cual se afecta el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal al pago del pasivo circulante proveniente de los adeudos que reconoce el gobierno del estado en favor de proveedores  y contratistas y que sientan la bases para la creación de  fideicomisos irrevocables para el cumplimiento de este objeto.(nunca se llevó a cabo)

El decreto consignaba un anexo con el número uno, el  cual contenida un análisis en dos tomos, de los adeudos por dependencia que sumaban 11 mil millones de pesos.

La suma referida establecía que a proveedores el adeudo reconocido era de 5.3 mil millones, a contratistas 4.6 mil millones y a terceros institucionales 1.0 mil millones de pesos.

Lo interesante de la lectura al anexo es el número de deudores  superior a dos mil,  la mayor parte son personas físicas, que al  verlas te preguntas quienes son, y porque a ellos se les contrato, compro o  proveyeron de servicios, es impresionante la manera de cómo están formados en los listados y cantidades de miles de pesos, no de millones.

Estos proveedores personas físicas, el no haberles liquidado, seguramente perdieron su patrimonio, para estas fechas deben estar haciendo cosas diferentes a los de la administración de Duarte.

También hay personas morales de reconocida solvencia, como contratistas o como proveedores. Las entidades que mayor adeudo presentan son la Secretaria de Salud con 2.7 mil millones, la de Educación con 2.1 mil millones, la de Infraestructura  y Obras Publicas con 2.0 mil millones de pesos y Seguridad Publica con 1.5 mil millones de pesos.

La administración de Duarte dejo pendientes de evaluar otros 57 mil millones que había consignado en cuentas por pagar donde existe una Acta  Circunstanciada hecha por esta administración que la baja del balance y la maneja al margen en cuentas de orden o de memoranda.

Ante el reclamo que se da en este año, después de nueve  meses de permanecer en silencio el Ejecutivo da puntual respuesta y manifiesta:

“Que es deber del Gobierno del Estado hacer frente a los reclamos de legítimos proveedores que desde el primero de diciembre pasado han presentado requerimientos de pago a los incumplimientos de la administración anterior”.

Que desde el inicio de la actual administración las dependencias y entidades, ejecutoras y usuarias del gasto empezaron a verificar las existencia de los adeudos y se pudo conocer que dentro del listado, que los mismos no provenían de una verdadera y legitima prestación de servicios o realización de obras.

Por esta razón el Ejecutivo emite el acuerdo por lo cual se instruye a la Secretaria de Finanzas a revisar  y validar en su caso los adeudos provenientes de la administración 2010-2016, publicadas el 27 de septiembre en la gaceta oficial.

Los deudores que quieran cobrar  deberán establecer un nuevo procedimiento de cobro para demostrar que las obras realizadas sean efectivas , los insumos o bienes entregados sean reales y que los servicios institucionales hayan sido entregados o prestados; de acuerdo a la normatividad.

Para este propósito establecen un sistema digital mediante una página exprofeso donde deberán registrarse, enviar la información, establecer respuestas por aclaraciones y en su caso acudir a Sefiplan  a entregar documentación original  y aclarar dudas y pendientes.

 

Nombra responsable al área de finanzas y administración y puntualizan que no cuentan  con recursos para el pago del total pero que si pueden programar en tiempo aquellos que sean reconocidos conforme a disponibilidades.

Si se da respuesta a este reclamo justo de muchos deudores del gobierno, pero también existe la presunción que muchas de estos adeudos no son o bien están sobrevaluadas.

En conclusión se establece un procedimiento de tiempo sin respuesta, que en caso positivo te vas a la fila hasta que tenga dinero, donde seguramente se empataran con la siguiente administración y luego solo dios sabe para cuándo cobren.

 

      JFA. 15.10.17

 

 

Los tiempos que vivimos  fueron manifestación  de siniestros ocasionados por fenómenos naturales, sismos, ciclones,  tormentas tropicales,  inundaciones,  que afectaron el entorno social y material  de  nuestro estado, pero con mayor repercusión en Oaxaca, Chiapas, Morelos Puebla, Guerrero y CXDMX, el FONDEN (Fondo de desastres naturales), adquiere importancia relevante.

Veracruz en lo últimos años ha pasado por muchos fenómenos naturales desde los sismos que afectaron a la región de Córdoba y Orizaba en el año 1973.

Las inundaciones de los años 2000 en el norte del estado por desbordamientos de ríos;   la catástrofe en la  región de Ciudad Mendoza conocida cono Balastrera., que afecto a varios municipios a la población y el patrimonio.

 El Gobierno del Estado se acogió para atender su reconstrucción  al FONDEN y  tuvo un costo importante a su hacienda, donde fue  precisado a comprar un   seguro para desastres naturales en la administración del Lic. Miguel Alemán V.

El FONDEN es un instrumento relevante  hecho exprofeso para mitigar este tipo de acontecimientos, pero no es absoluto, eso quiere decir que no atiende la totalidad de la reparación del daño, participa si y es efectivo, pero tiene sus reglas. Para referencia citare la más clara  la de  Reconstrucción:

Infraestructura Pública:

Carreteras, transporte, Salud y Educación: si es Federal  el Fonden pone el 100, si es Estatal o Municipal,  Delegación CDMX: pone el  50 %  y el 30%;  las entidades ponen la diferencia.

Hidráulica: Si es Federal pone el 100%, si es Estatal pone el 50% si es Municipal o Delegación CDMX el 40%,  el complemento lo ponen las entidades, municipios y delegaciones

Bienes Inmuebles (escuelas universidades, clínicas de salud y hospitales) Federal pone el 100%,  del Estado el 50% de Municipios y Delegaciones de la CDMX el 30%, las entidades ponen la diferencia.

Bienes Muebles (equipo de laboratorio,, pupitres, escritorios, instrumental médico) Si es Federal pone el 100%, si son Estatales pone 30% , Municipal o Delegacional dela CDMX pone el 20%.

De acuerdo a este análisis participa el Fondo con el 100% de los daños de la infraestructura Federal,  con parte de los daños de Estados, Municipios o delegaciones de la CDMX.

¿Pero que es el FONDEN? el Fondo de desastres naturales fue establecido a finales de los años 90s como un mecanismo presupuestario para apoyar de manera eficaz y oportuna la rehabilitación de la infraestructura federal y estatal afectada por desastres naturales.

En principio fue creado como un programa del Ramo 23  del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1966 y se hizo operacional en 1999 cuando se emiten las reglas de operación.

Los recursos de este fondo se destinaban únicamente a la realización de actividades post rehabilitación y reconstrucción de infraestructura publica de los tres niveles de gobierno, vivienda de población de bajos ingresos, y algunas del medio ambiente  como selvas, áreas naturales protegidas, ríos, y lagunas.

Actualmente se compone del  Programa  Fonden para atención de emergencias, FONDEN para la reconstrucción y el Programa Fondo  para la prevención de Desastres Naturales FOPREDEN y sus Fideicomisos

El FONDEN es un instrumento financiero que atiende de manera inmediata y oportuna, proporcionando suministros  de auxilio y asistencia a la población que se encuentra ante la inminencia o alta probabilidad que ocurra un fenómeno perturbador; esta  responsabilidad está bajo en control de  la Secretaria de Gobernación, Coordinación Nacional de Protección Civil

 Para que este aplique debe activarse mediante la Declaratoria de Emergencia en primer lugar,  que solicita el ejecutivo de la entidad federativa, esta se somete a la consideración de la Coordinación Nacional  de Protección Civil  que convoca a consejo y de ser aprobada,  de inmediato se otorga la asistencia en especie, consistente en provisiones alimentarias, aguas, cobertores y suministros que satisfagan a la población afectada.

El segundo;  el de reconstrucción aplica cuando se solicita por el ejecutivo estatal una Declaratoria  de Desastre y es aprobada por el comité implementado por la Segob- Protección Civil, entra el segundo FONDEN el de Reconstrucción, mismo que se establece en etapas una vez aprobado, 1º. El del censo, 2º. El de reconstrucción,  en los términos mencionados con aportación bipartita o tripartita en su caso.

Como lo mencione el programa de rescate FONDEN se inicia con una asignación presupuestal en el Presupuesto de Egresos Ramo 23 misceláneos, en este año se asignaron 9 mil millones de pesos, el Banco Mundial autorizo un Bono de Desastres por 360 millones de dólares, que  se va a usar en este ejercicio y aplica para sismos de más 8 grados, por lo que   la CDMX no participa.

Los estados de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera deberán asignar un 10% de lo aportado en desastres en los últimos 5 años de ejercicio y consignarlo en su presupuesto de egresos en  una partida de desastres naturales, esto es en congruencia con las experiencias que ha tenido el país en desastres naturales.

Ante esta realidad, los estados están indefensos, para poner la parte que les corresponde en la reconstrucción, a esta fecha no cuentan con ninguna provisión presupuestal para hacerle frente a esta adversidad, por el contrario están endeudados de catástrofes anteriores, con es el caso de Veracruz con el bono cupón cero, caso contrario de la CDMX que contrato un Bono por 350 millones de dólares.

¿Que van hacer, para reconstruir?;  Pues esperar hasta el próximo presupuesto para contar con asignación, mientras tiene el recurso de contratar  un nuevo crédito de Banobras, porque la propia federación no cuenta con efectivo  para atender la totalidad de los daños.

Esperemos que el ejemplo de la ciudad de México aplique y las entidades compren su seguro de daños a la infraestructura, para Veracruz será un caso difícil de cumplir y de aportar  el porcentaje que le corresponde de acuerdo con las Reglas del FONDEN.

 

JFA  09.10.17

Los eventos que confrontamos los mexicanos en los pasados días, con sismos,  terremotos y huracanes en el golfo y el pacifico han alterado la vida de sus habitantes y también de la economía.

Las afectaciones se dieron en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco  primero; posteriormente en CDMX, Morelos, Puebla, los huracanes afectaron a Veracruz y Baja California Sur.

Donde se dieron daños en vidas, materiales en obras, edificios  e infraestructura  pública,  vivienda, y daño a la actividad económica;  focalizada en el Istmo de Tehuantepec y en la zona costera de Chiapas.; posteriormente en CDMX y Morelos.

En Puebla sobresalen los daños a su centro histórico, inmuebles religiosos del siglo XVII, XVIII y IXX, incluido la zona conurbada de Cholula.

En lo económico  el costo se integra en el daño a la infraestructura que debe ser reconstruida y en el efecto que puede tener en la capacidad productiva de un país.

 Esta segunda parte afecto al Istmo de Tehuantepec, donde seguramente esta actividad está parada y demanda auxilio Primario.

Habrá  que reconocer que en nuestro país ha mejorada la cultura cívica entre la población para él manejo de estos eventos, muy diferentes a los del año 1985.

 Ahora los protocolos de protección civil, y los recursos para atender un temblor son mejores;  ejemplo es  el sistema de alarma sísmica empleado de CDMX  con sus puntos de reunión el  acervo  de Protección Civil en insumos como despensas, colchonetas y personal especializado.

Mención aparte tiene la Marina y el Ejército con sus planes y el conjuntado en el Plan MX, que incluye cocinas  y comederos móviles.

El ánimo se volcó en auxilio de los compatriotas en estado crítico,  por parte de  miles de voluntarios, de múltiples centros de acopio, de movilización de miles de toneladas,  de la participación de ONG’s, Clubs de Fut- Bol, artistas, futbolistas,  personal de alta especialización de todas partes del mundo, pero quedo claro que los mexicanos somos uno y el apoyo fue y es  desinteresado.

La autoridad está haciendo su parte,  con un soporte claro de la marina y las fuerzas armadas, amén de la presencia reiterada del ejecutivo federal en las áreas afectadas y del jefe de gobierno en CDMX.

Lo más importante el estado cuenta con los recurso económicos significativos con el Fondo de Desastres Naturales  (FONDEN), que el secretario de Gobernación manifestó en 5 mil millones de us dólares y el Gobierno de la CDMX por conducto del Lic. Miguel Ángel  Mancera de un seguro contra desastres naturales de 360 millones de dólares.

Pero como dijo un destacado comentarista de béisbol, “Sin embargo el daño está  hecho”, y vendrá el recuento de daños

  Alberto Aguilar destacado analista financiero manifestó en días pasados que el terremoto de 1985 tuvo un costo de 11 mil 400 millones de us dólares

El daño económico que podría haber generado el sismo del 19 de septiembre podría llegar hasta el 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), según estimación del Servicio Geológico de  Estados Unidos que proyecta un impacto preliminar de mil a diez mil millones de us. dólares.

Se trata de una aproximación muy preliminar que de ser más elevada no se ve un daño mayor que pudiera afectar el desempeño de la actividad económica para este año; así lo planteo Jaime Reusche; analista soberano para América Latina y México de Moddy`s y además cito que  mantiene su pronóstico de un crecimiento de 2.1 por ciento del PIB.

Ante este escenario de deterioro material, de dolor por la pérdida  de muchos compatriotas, aparece la oportunidad de los políticos, donde   los principales líderes de los partidos  se manifiestan:

Andrés Manuel  Obrador   en dos partes (de acuerdo al orden  de  los eventos)  con el 20 por ciento  primero y hasta el 50  en el segundo , afecta los gastos para campaña 2018 de   Morena; le sigue  Enrique Ochoa Reza del PRI que renuncia a sus 258 millones que no le han entregado en este año de las prerrogativas  del PRI,  que equivalen al 25 por ciento del 2017

 Al  final  el Frente Ciudadano por México  formado por el PAN, PRD y MC va más lejos anuncia que presentaran  iniciativa para eliminar el ciento por ciento el financiamiento público a los partidos políticos y que este utilice para ayudar a las personas afectadas.

 Además  el MC propone reducir los topes de campaña y reorientar el presupuesto para el mismo fin, que incluye   un plan de austeridad que elimine los seguros de gastos médicos de los altos funcionarios de la administración.

Al respecto Benito Nacif Consejero Electoral del INE aclaro que la propuesta de López Obrador no es viable, precisamente porque la ley obliga a los partidos políticos a utilizar el financiamiento público de campaña para el fin destinado o sea para las campañas electorales.

Muchos ciudadanos y organizaciones civiles  se han manifestado porque eliminen los fondos públicos a los partidos políticos, de ahí la respuesta del Frente Ciudadano por México:

Sin embargo el fundamento legal para otorgarse esta dentro de la carta magna y de la Ley Electoral, que es clara al citar  que entrando en un proceso electoral (que precisamente se da en este mes) no puede haber ninguna modificación a esta norma.

Para el año 2018 que habrá elecciones se da el presupuesto más grande en la historia de México, al asignarles en el PEF,  6 mil 778 millones por concepto de:

Sostenimiento de las Actividades Ordinarias Permanentes, 3 mil 940 millones de pesos,  para Actividades específicas (capacitación, editoriales y difusión) 118 millones y  para Gasto de Campaña 2 mil 719 millones de pesos.

A lo anterior habrá que sumarles las prerrogativas estatales con lo cual el financiamiento público a partidos políticos se va a 11 mil millones de pesos.

Sabedores los partidos políticos de la Ley; Uno se desprende de un presupuesto de 2017, Otro de lo  que no ha recibido que corresponde al 2018 y los Otros presentado iniciativas para el año 2018.

En los primeros dos  casos no aplica porque la ley es clara su destino no se puede cambiar y en el segundo de  aprobarse será para el periodo electoral siguiente, la norma  es clara en todos los casos simplemente no aplican;  lo dice la Ley.

El Consejero Presidente del INE  Lorenzo Córdoba Montoya Vianello, manifestó sobre estos pronunciamientos, que si existen alternativas para que parte  de estos recursos, puedan destinarse  para apoyo a la gente que ha sido afectada.; también  en ese sentido declaró el Presidente Peña Nieto.

Todo es mediático  para atraer al electorado,   los fondos públicos  de los  Partidos están politizándose y son objeto de oportunidad para atraer electores,  en México todo es posible;  veremos.  Entre tanto seguiremos con líderes de los  partidos en los medios nacionales y locales, con el mismo tema.

 

JFA 24.09.17

 

Los ingresos propios del Estado son menores, comparado con lo que recibe de la Federación bajo  la Ley de Coordinación Fiscal, esta  otorga Participaciones Federales de libre disposición y Aportaciones de fondos etiquetados para diversos conceptos;  educación, salud, seguridad, etc.

A estos ingresos habría que agregarle aquellos que son por convenio y de aplicación especifica, que son fondos federales derivados de varios Ramos del PEF,  principalmente el 23,  abundan aquellos que se dan con Secretarias de Estado y que en mucho de los casos constituyen  a paripásus, tal es el caso del Fonden.

Al referirme a ingresos propios se consideran, impuestos, derecho, productos, aprovechamientos y otros conceptos; hasta antes del 2001 los impuestos y los derechos estaban casi iguales, el principal ingreso era el de la tenencia de automóviles, y en derechos los ingresos por servicios del gobierno, como licencias de todo tipo, poco reportaban las OPED´s; o sea  ingresos menores con una estructura grande,  representada en parte  por  las oficinas de hacienda del estado.

Ante esta disyuntiva el Gobernador Miguel Alemán después de pensarlo mucho como político, pero con claridad financiera a  propuesta del equipo financiero encabezado por el Dr. Juan Amieva   Huerta,  previas consultas con la SHCP, Coordinación de Entidades Federativas, decidió reestructurar su Hacienda Pública Pública con dos grandes decisiones:

Crear el Código Financiero del Estado de Veracruz.

Implementar el Impuesto Sobre la Nomina.

En el primer caso se derogo  el Código Fiscal,  que había emitido el Lic. Rafael Hernández Ochoa, el Código Hacendario decretado  durante el Gobierno del Lic. Agustín Acosta Lagunés  y la Ley de Presupuesto y Gasto Publico aprobado durante la administración del Lic. Patricio Chirinos C.

En cuanto al impuesto a la nòmina hubo de parte de Cámaras y empresarios resistencia a su creación, el argumento  es que se inhibía el empleo;  se dio un gran debate en este tema. Veracruz era uno de los pocos estados de la república que no lo tenía,  eso minimizaba sus ingresos  fungibles;  finalmente se acordó que su recaudación casi en su totalidad se destinara a inversión pública productiva o sea a obras.

Se creó un Fideicomiso de Administración que era el que operaba su aplicación previo acuerdo de un Consejo Técnico donde tenía representación la iniciativa privada, ahí se tomaban decisiones de las obras a realizar, las cuales eran presentadas  por las secretarias encargadas de su construcción.

El 31 de mayo de 2001 se aprobó el Código Financiero y tres meses después se inicio el cobro del impuesto, siendo en ese año la recaudación  de 541 millones de pesos; hasta 2016 ha tenido un promedio de ingresos de más de 1,300 millones de pesos en ese año la recaudación se estima en 2m 214 millones;  siempre la recaudación ha sido superior a la programación  y pago de las obras.

El análisis realizado  indica que durante la administración del Lic. Alemán se tuvieron números y obras de acuerdo a lo programado; Fidel Herrera implemento las obras multianuales con resultados positivos en algunos casos, los puntos negativos se dan con Javier Duarte de Ochoa, donde no solo no se ejecutan obras sino se dejan de hacer algunas multianuales como el caso del distribuidor de Ixtaczoquitlan.

Dentro de las multianuales se destaca el Túnel sumergido de Coatzacoalcos,  se le invirtieron más de 2 mil millones de pesos, incluida la caseta de peaje del Coatzacoalcos 1.

Los miembros del Consejo Técnico en el periodo  2010-2016, se aburrieron de asistir a juntas, pues las explicaciones que  daba  el  ultimo Titular de Sefiplan,  era que no había dinero porque se había destinado a gasto corriente;  los últimos meses ya no asistió.

En el año 2015 en su dictamen de Cuenta Publica del Orfis  al Fideicomiso de Administración de este impuesto se da una diferencia  de más  de mil millones de  pesos no entregada por Sefiplan al Fideicomiso.

Los números  de la contabilidad de la administración del fideicomiso  citan  5,790 millones no depositados según acta número 6 del Consejo técnico de ese año; contra 4,810 millones  de pesos que era el   saldo por entregar según contabilidad de Sefiplan, asunto  que dio lugar a la nota numero 28  de las observaciones a la cuenta pública 2015 del Orfis, donde instruye que se haga una conciliación de saldos para determinar la cantidad por entregar, el  resultado de la conciliación  se verá  en la cuenta pública 2016.

 Pero lo que sí es cierto, es que el Lic. Gustavo Sousa Escamilla,  último responsable  de este fideicomiso, es que al final casi  no recibió recursos por lo cual tampoco cumplió con los acreedores, la administración estatal  no le cumplió.

Lo que fraguaron los financieros de Sefiplan en el año 2016  fue sortear la presión y  la crisis de la inmensa adeudan que acumularon, que  según cifras oficiales dadas  por ellos eran 57 mil millones de pesos de pasivo.

Para lo cual, tuvieron la brillante idea de fondear imaginariamente,   11 mil millones de pesos  reconocidos a proveedores, contratistas, y prestadores de servicios,  que incluyeron  en el decreto numero 899, con el Impuesto Sobre Remuneraciones al Personal (antes 2% a la nomina), el cual arrastraba una minusvalía  como lo cita el Orfis de  al menos 4 mil millones de pesos, lo cual con el debido respeto que me merecen estos empresario,  es que les tomaron el pelo.

El Decreto 899, publicado en la Gaceta   Oficial del estado el 21 de Julio de 2016, bajo el numero 290, contiene la afectación del impuesto y la creación de los fideicomisos FIAD y FIDESAN, uno para recibir y el otro para pagar.

Este Decreto quedo en letra muerta, no hubo ningún banco interesado en ser fiduciario y posteriormente se ampararon algunos municipios.

Con ello el Decreto numero 11 emitido por el actual Gobernador fue de trámite, lo único que hizo fue dar por concluida una acción imaginaria de Gómez Pelegrin quizá bien intencionado, pero aplicable en  el “Mundo de nunca jamás”.

Lo que es cierto es que no hay respuesta a los adeudos de Duarte, que son institucionales no personales, y aunque oficialmente se elimine  un disparate no quiere decir que no vaya a dar respuesta y en su caso reconocerlos y pagarlos.

Finalmente diré en relación a mi  último artículo  las Filípicas, sobre los 8 mil 455 millones de pesos que mencionara el Senador José Yunes Zorrilla; es que en la página 209 del segundo informe trimestral 2017 elaborado por Sefiplan; “Estado de Situación Financiera Detallado en Activo Circulante;  Efectivo y Equivalentes”  aparecen 5 mil 238 millones  como Inversiones Temporales (Hasta tres meses), dinero hay;  hasta para invertir.

 

 

Las filípicas o cartas  se originan en Grecia y fueron hechas por Demóstenes al Rey Filipo II, padre de Alejandro  el Magno, por la anexión de algunas ciudades griegas a Macedonia.

Celebres fueron  las  del cónsul y senador  Marco Tulio Cicerón: las primeras a su enemigo  Lucio Sergio Catilina, conocidas como catilinarias, las segundas se las dedico al triunviro Marco Antonio conocidas como “ denuncia acre”, mismas que le costaron la vida.; las otras  populares fueron las de Voltaire.

En la actualidad son pocas las cartas que se  hacen,  ahora las filípicas la constituyen declaraciones  con mensaje público que en si contienen críticas a la actuación de la administración  de  los gobiernos en turno.

Hace algunos semanas comente que los diputados tienen  libertad de expresión, libertad de voto indelegable, derecho a preguntar o interpelar al gobierno; derecho a solicitar sesiones extraordinarias, derecho a emitir leyes o reformas; derechos a interponer y derecho a solicitar puntos de acuerdo

Pues bien todo ello aplica a los Senadores que al igual que los Diputados  son de elección popular; son elegidos por el pueblo y por lo tanto su representante.

Bajo esta condición el Senador está en todo su derecho para hacer filípicas sobre la administración pública, y sobre eso  Lic. José Yunes Zorrilla declaró en días pasados que el gobierno actual  había encendido la licuadora financiera;  donde solo reitero lo que desde los años 2013-2016  ha venido diciendo, así como  que en Veracruz hay un desequilibrio financiero ahora estimado en 800 millones de pesos, que es financiado con otros fondos.

Para precisar que es la licuadora,  diré que se “trataba”:

 De una cuenta bancaria  corriente concentradora, donde llegan fondos propios y etiquetados y de ahí se aperturan cuentas específicas de gasto para los fondos federales, en cuentas productivas, donde trasladaban fondos de la cuenta concentradora.

Ahora las cuentas productivas especificas  se tienen que aperturar desde el inicio del ejercicio fiscal;   acordes a los lineamientos de cada fondo;  salud educación, infraestructura y las  de los municipios y deben ser reportadas a TESOFE.

 Esta regulación corresponde a la normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal; de Disciplina Financiera y de Armonización Contable tratándose de transparencia.

Otro punto tocado por el senador Yunes Zorrilla es el  contenido en el Balance  del  2do. informe trimestral, refiriéndose al registro de 8 mil 455.5 millones de pesos en efectivo y equivalentes, cifra relevante;  que de un trimestre a otro se incrementó en  1 mil 604.7 millones,  al mes de marzo de 2017 registraron 6 mil 850.8 millones de pesos.

 Saldos que para un  estado requerido de liquidez se hace incompresible, la manifestación del Senador  fue que era posible que  no se estaban entregando en tiempo los recurso a municipios, ni se estaban ministrando oportunamente a las áreas de destino.

La respuesta del Secretario de Finanzas y Administración Dr. Guillermo Moreno Chazzarini no se hizo esperar en una filípica enunciativa, sin fondo a lo que se refiero el senador; más bien fue  política y denostativa que no corresponde a un académico y técnico como lo es el Dr. Moreno Chazzarini;  todavía se alcanza la puntada de remitirla con una jefe de departamento, que actualmente despacha  como  Subdirectora de Registro y Control de Deuda Publica en la Tesorería y de toda la confianza de su Titular.

Le dijo que no usa licuadora,  que apertura cuentas especificas productivas, y que todo se maneja con pulcritud y que se entregan oportunamente a los municipios sus fondos, no dio fechas ni ningún análisis, ni se refiero a el contenido de la página de transparencia, tampoco el motivo del registro de los 8 mil millones en balance al 30 de junio.

La respuesta del Senador ahora en Filípica se dio en tono mesurado como lo caracteriza  a Yunes Zorrilla, los improperios los hizo omisos y si le pidió que documentara los estados de cuenta bancarios como lo señala la ley: cuenta, numero, banco, fondo  responsables de la misma  y el reporte a TESOFE, los estados de cuenta contendrán  los  movimientos;  posibilitando ser compulsados y conciliados, además los requirió   certificados.

Lo que no pregunto el Senador Yunes es; ¿dónde se encuentran registrados los adeudos a municipios por los mismos conceptos pero del año 2016?, si existen ADEFAS y plan de pagos.

Lo mismo por la Acta Circunstanciada  realizada por  el movimiento del pasivo circulante a cuentas de orden,  por miles de millones de pesos y que corresponden a acreedores del Gobierno, donde se alojan a contratistas, prestadores de servicios y  proveedores.

Importante sería saber si el Estado cuenta con seguro contra desastres naturales, muy necesario en estas épocas.

Con la respuesta del señor Secretario de Finanzas   se posibilita una mayor   transparencia de acuerdo con los que señala el TITULO QUINTO de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Veremos que respuesta tiene el Senador José Yunes Zorrilla a su última Filípica.

 

JFA 9.09.17

La deuda pública para Veracruz es un problema mayor, la restructura propuesta el 31 de agosto pasado oficialmente es la segunda en 13 años, la anterior se dio en 2012 e incluyo 32 mil millones de pesos, antes ocurrió una no oficial en noviembre de 2010 cuando se contrataron 10 mil millones de pesos.

La próxima será formalmente la  segunda;  la convocatoria es  por 38 mil millones de pesos, se quedaron fuera más de 8 mil millones de pesos registrado en pasivo.

Ahora  son tiempos diferentes, los terminos de contratación están definidos en la Ley de Disciplina Financiera  y en la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar.

Todo este marco regulatorio acota las posibilidades de restructura, si le agregáramos las condiciones de mercado,  daría pocas probabilidades de éxito; la posibilidad radica en el apoyo de la SHCP para que nuevas instituciones financieras o las mismas se adapten a las nuevas condiciones propuestas.

Simplemente para elaborar la convocatoria pública se requirió  del área especializada de la Coordinación de Entidades Federativas y de la aérea de Crédito de la SCHP, el grado de dificultad en el proceso demanda  de compaginar la norma, con los bancos o financieras  y el propio Estado de acuerdo a sus posibilidades como acreditado.

Veamos algunas de los terminos y condiciones señaladas por la convocatoria de fecha 31 de Agosto pasado:

  1. Monto: 38 mil millones de pesos.
  2. Tipo de Licitación: Publica.
  3. Tipo de Financiamiento: Restructura en Crédito Simple.
  4. El Refinanciamiento se establecerá en un mandato, el Estado en calidad de mandante, La SHCP como mandataria y los Fiduciarios que recibirán las Participaciones Federales, como fuente de pago.
  5. Se establece el calendario del proceso: reuniones preliminares del 4 al 11 de septiembre; Bases de licitación: 12 de septiembre; Junta de Aclaraciones: 19 de septiembre; Recepción de propuestas: 24 de octubre; Fallo: 26 de octubre; Implementación en su caso: antes de terminar el año.

Consideraciones en Convocatoria:

Plazo: Diversos;  15 años; 20 años, 25 años y 30 años.

Mínimo a ofertar: 500 millones de pesos.

Los gastos asociados a la contratación podrán ser hasta el 2.5 por ciento del monto contratado;  si no considera coberturas, garantías de pago oportuno y otros costos el gasto podrá ser  podrá ser hasta el 1.5 por ciento;  la convocatoria detalla 20 creditos incluyendo 5 financiamiento bursátiles.

Las amortizaciones serán en pagos crecientes; es decir que los pagos son menores al principio y mayores al final, lo cual favorece al acreditado y va en contra del financiamiento porque en el tiempo hay mayor riesgo:

 Lo  contrario del Plan Francés donde los pagos son iguales y el interés a pagar es menor  que en  el de pagos crecientes.

La tasa de interés ordinaria será la de Equilibrio TIIE;  más o menos un margen aplicable que tendrá como base  durante la vigencia del crédito, a las calificaciones que asignen dos agencias calificadoras autorizadas: Moddy`s; Ficht, Standart and Poors, etc

Fondo de garantía; Hasta tres veces el pago mensual amortizable en el servicio  de la deuda.

Las instituciones financieras interesadas no podrán solicitar Coberturas a las tasas de interés en todo caso será decisión del Estado; tampoco podrá establecer  Garantía de Pago Oportuno.

Estas son algunas de las generalidades por las que se buscaría el Costo Menor Financiero,  al cual se aplicarían los terminos  enunciados en los Lineamientos emitidos por la SHCP.

El aval del Gobierno Federal  de calificar se daría en los terminos del artículo 34 de la Ley de Disciplina Financiera para entidades federales y municipios, para ello se Requiere:

Haber firmado  un convenio específico con la SHCP,  quien la otorgaría en los terminos de gradualidad que señala el artículo 35, pudiendo llegar hasta garantizar la Federación hasta el 100 por ciento de las participaciones federales, eventos que sucederían en el tiempo. Acuerdos que deberían ser aprobados por la Legislatura Local y observar el Sistema de Alertas Tempranas.

De acuerdo a un estudio realizado por el área de análisis de la Cámara de Diputados los indicadores de obligaciones financieras en aquellas entidades con mayor deuda, señalan para Veracruz  que:

 La  Deuda per cápita en pesos es de $ 4,558, la Deuda en relación al PIBE 4.9 por ciento; la Deuda/Ingreso: 43 por ciento;  la Deuda /Ramo 28: 126 por ciento;  Tasa de interés ponderada 9.0 por ciento. (Fuente: Informe CEFP/013/2017)

Haciendo un análisis final de  las posibilidades de la restructura, estas  dependerán en gran medida del apoyo de la Federación, de la aptitud de las instituciones financieras hacia este llamado, tendrían que ser lideradas en gran medida por la Unidad de Coordinación de las Entidades Federales  de la SHCP y de la intervención del Banco Nacional de obras y Servicios Públicos que podría ser el agente financiero.

En contra tiene; las condiciones de mercado donde las tasas de interés  han estado en constante ascenso y se prevén que estén así hasta el 2018;  los bancos no están prestando en plazos mayores a 10 años, que no les gustaría  perder garantías como coberturas en las tasa de interés CAP`s  y  la de pago oportuno.

Muchos terminos de este proceso  se ignoran, algunos  se entregarán junto con las bases  a los agentes financieros interesados, es posible que en los terminos de la norma mencionada sea un proceso transparente en donde todos los veracruzanos podemos dar seguimiento.

Finalmente se pagarían honorarios a intermediarios en los terminos de la convocatoria; podemos decir que es posible y no posible;  de resultar  positivo: algún beneficio obtendrá  el Estado;  mejor  tasa, menos comisiones menos garantías y sobre todo tiempo,  habrá nuevos covenants.

 Seguramente seguirán pidiendo creditos.

 

JFA 3 .09.17